El manejo de los recursos públicos exige un ejercicio responsable y escrupuloso. Sin embargo, el ritmo de gasto que tiene el gobierno con la contratación de nueva deuda externa, aunado al pago de los intereses, el crecimiento del pago de pensiones y los programas de política social que cada año se incrementan en número de beneficiarios y monto de los apoyos, hacen insostenible e incosteable fondear estos compromisos presupuestales que son ineludibles, en el corto y mediano plazos.
Si ahora, con los precios de la mezcla mexicana por arriba de 70 dólares por barril, se tienen problemas de falta de liquidez y por ello AMLO ha contratado más deuda en los dos primeros años de su gobierno que todo lo que se pidió en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, no quiero imaginar qué va a pasar cuando el precio del petróleo se contraiga y los nuevos equilibrios geopolíticos en el mundo se reacomoden como resultado de la pandemia.
En 30 meses de la actual administración, se ha contratado un total de 3 mil 855 millones de dólares de deuda, mientras que en toda la administración de Peña Nieto los créditos contraídos fueron por 2 mil 331 millones de dólares.
El TMEC enfrentará en el futuro una serie de controversias por el proteccionismo que se da en nuestro país, al tiempo de que el turismo tardará por lo menos un lustro en volver a los niveles que se tenían a finales de 2018.
Ante este panorama, al gobierno de la 4T se le cierran las posibilidades de captar ingresos y por ello, la reforma fiscal que por el momento se ha pospuesto, tendrá necesariamente que contemplar alzas sustanciales de impuestos y, por supuesto, crear nuevos gravámenes.
El caso del gasto que representan las pensiones para el país es alarmante y en opinión de tres expertos deben tomarse cartas en el asunto de inmediato.
Héctor Villareal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, advierte que las proyecciones en 2024, del gasto federal en pensiones, incluyendo la no contributiva, puede pasar el 6.5 por ciento del PIB. “Si nos vamos a otros compromisos como el servicio de deuda, va a meter al sistema fiscal en una situación complicada y puede haber una serie de riesgos sistémicos que terminen dañando al sistema fiscal completo y pongan en riesgo a la economía del país”.
Dijo que se tendría que revisar cuál es el tope máximo de pensiones del sector público no fondeadas e implementar un sistema nacional de pensiones y de una ley marco que rija al sistema completo. “A nivel fiscal lo que estamos viviendo con las pensiones ya es una tragedia y si no se arregla, no estamos hablando de efectos de uno o dos años, fiscalmente podemos matar a una generación completa.
Del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Enrique Díaz Infante señaló que el problema de pensiones no sólo es de sostenibilidad, también de fragmentación, cobertura y desigualdad, por lo que llamó a generar ingresos recurrentes para financiar este tipo de gasto. “No podemos seguir queriendo financiar un gasto constante, como las pensiones, con ingresos extraordinarios, como el petróleo”.
Indicó que para 2025 será mayor la población dependiente que la no dependiente; además, hay problemas en la formación de capital humano y físico. “Se debe hacer un inventario de todos los sistemas de pensiones y hacer un cambio actuarial sobre cuánto es el pasivo que existe a nivel estatal. Nuestra propuesta es un Sistema de Seguridad Social Universal que sea financiado por impuestos generales, producto de una reforma hacendaria”.
Luis Felipe Briseño, director de Relaciones Institucionales de la Amafore, comentó que se debe apoyar al sector informal, es decir a los trabajadores independientes que no están adscritos al Seguro Social. “Yo creo que esta herramienta del ahorro voluntario puede ser muy poderosa para este tipo de trabajadores que les permita comprar semanas de cotización y financiarse una pensión”.
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