Esperemos que Emilio Lozoya presente las pruebas que avalen sus dichos en este último plazo que le fijó el juez, hasta el 3 de diciembre, para sustentar sus dichos con pruebas reales y fehacientes en contra de 17 personajes, aunque con la solicitud que hiciera la propia FGR para retirar la procedencia del criterio de oportunidad que dé paso a la prisión preventiva justificada por riesgo de fuga, los minutos en libertad del exdirector de Pemex están contados.
De cenar en uno de los restaurantes de mayor lujo en la capital del país, gozando de plena libertad e impunidad, ahora está a un paso de la cárcel en donde purgará una condena por cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, entre otros delitos.
Desde su detención se sabía que las invenciones de Lozoya para librar la cárcel tenían más tintes políticos que pruebas reales que soportaran sus habladurías sobre el destino final de los sobornos entregados por Odebrecht a este delincuente confeso, empero, ‘milagrosamente’ la Fiscalía General de la República se puso de su lado, vaya, se fue con el engaño de la versión de que solo fue un peón de una maquinación al más alto nivel que implicaba políticos de grueso calibre pertenecientes al PAN y PRI.
Solo la FGR se fue con la finta porque la UIF, de Santiago Nieto, solicitó desde su aprehensión la prisión preventiva de Lozoya, postura que ha reiterado con la solicitud de revocar la medida cautelar para sustituirla por prisión preventiva.
Ahora las tres instituciones, la FGR, UIF y Pemex solicitaron al juez declare improcedente el criterio de oportunidad y que ya no sea considerado como testigo protegido.
Más allá del ridículo que hiciera Alejandro Gertz Manero en este caso, al pretender embarrar a personajes antagónicos a la 4T, como Ricardo Anaya, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y un grupo de exlegisladores panistas y priistas, sobresale el hecho de que por más que la FGR torciera el caso hasta niveles inverosímiles, no fue posible armar los expedientes debidamente sustentados con pruebas fehacientes.
Para Lozoya solo le queda un camino y ese es rumbo al reclusorio, ya que una cosa es gozar de una eventual impunidad merced a dichos mentirosos, y otra muy diferente sostenerlos con pruebas ante el juez.
Mientras que en Estados Unidos se dio como cosa juzgada el caso de los sobornos de Odebrecht con el pago de una multa de 2 mil 600 millones de dólares, en nuestro país la FGR pretendió estirar la liga hasta involucrar a esos personajes que son fustigados desde el púlpito presidencial, para llevarlos a prisión y con ello justificar la lucha contra la corrupción que se lleva a cabo en esta administración.
Emilio Lozoya y su gente recibieron los sobornos de Odebrecht y éste, como delincuente confeso, debe atenerse a las consecuencias de sus actos.
La FGR acusó al exdirector de Pemex de haber usado su petición de criterio de oportunidad para dilatar y obstaculizar el proceso en su contra.
Desde luego, la posición de impunidad de Lozoya se revirtió debido a dos hechos. Uno, los videos que presentara Ricardo Anaya en los cuales puso en evidencia el maniqueo de la FGR para inculparlo mediante dichos y declaraciones que a la postre han sido falsas, en torno al dinero que “le mando Emilio Lozoya” al excandidato presidencial; y el otro, las fotografías tomadas por la combativa colega Lourdes Mendoza, que circularon profusamente en redes y en los medios de comunicación, de la cena en el Hunan de las Lomas, imágenes que le dieron un revolcón a la bandera de la anticorrupción que enarbola el presidente López Obrador.
El caso Lozoya Thalman se ha diluido como agua entre los dedos y ni las cortinas de humo y medias verdades podrán evitar que el búmeran lanzado por la FGR regrese y que ya golpea a quienes originalmente lo lanzaron.
Un delincuente confeso se ha burlado de las instituciones del Estado, en particular de la presidencia de México y de la FGR. Con ello quedará demostrado que el uso faccioso de la justicia ha desgastado a una FGR que había nacido en las mejores condiciones de autonomía, independencia y como garante de la aplicación irrestricta de las leyes.