Las declaraciones criminales de Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell en torno a la negativa para vacunar a los niños para protegerlos del COVID, es otra causal para judicializar las demandas penales contra este par de funcionarios, quienes por quedar bien con el presidente, han dicho y hecho una bola de estupideces que, además de la muerte de infectados, causa burla, hilaridad y rabia en otras regiones del mundo.
En las filas de mexicanos que buscan hacerse pruebas de detección de COVID, son muchos los niños que con sus mentores esperan hasta que les hacen la prueba rápida y luego, comenzará el viacrucis para su atención, si el resultado es positivo.
Mientras que en Estados Unidos están vacunando a todos los niños mayores de cinco años, incluso sin importar su nacionalidad, aquí se les niega sistemáticamente porque no quieren gastar más de la cuenta en el antígeno, toda vez que esos recursos lo deben canalizar para seguir avanzando en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, obras que representan un barril sin fondo, un hoyo en donde se pierde el dinero de todos los mexicanos.
Se escatima presupuesto para vacunar a los niños y adolescentes, en aras de comprar una refinería obsoleta y con pasivos asfixiantes como es Deer Park y de canalizar recursos al salvamento de Pemex.
En tanto, el gobierno de Joe Biden ha vacunado a más niños mexicanos que AMLO.
Qué se puede esperar de un hombre insensible que teniendo en sus manos el poder para regularizar al abasto de medicamentos, no lo hace y menos de adquirir las vacunas necesarias para inocular a toda la población con el esquema completo, es decir dos vacunas y el refuerzo.
En la capital del país como en el mundo, la variante ómicron arrasa y no distingue edad ni condición social, por lo que se esperaría que Claudia Sheinbaum redoblara los esfuerzos, tanto en el seno del gobierno de López Obrador como con su equipo para combatir la pandemia, con más pruebas gratuitas de detección, así como acelerar la inoculación y ya no digamos el uso obligatoria del cubrebocas y otras medidas de protección a la población. Sin embargo, para no molestar a su mentor, sigue la misma línea de soslayar la gravedad de ómicron.
La jefa de Gobierno también está en la lista de servidores públicos que serán demandados penalmente por crímenes de lesa humanidad.
Desde San Lázaro, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, secretaria de la Comisión de Salud, exhortó a la Secretaría de Salud federal a agilizar la vacunación de las personas que aún no tienen la segunda y tercera dosis de refuerzo, así como inocular a las y los niños de cinco a 11 años, además de establecer el uso obligatorio del cubrebocas.
La variante ómicron mantiene una tendencia de expansión en el país, que requiere medidas adecuadas para evitar una crisis sanitaria ante el incremento de contagios, precisó la legisladora.
La representante popular puntualizó que después de la primera quincena de enero, los reportes oficiales han registrado 352 mil 908 nuevas infecciones, 4.36 millones de contagios y más de 300 mil fallecimientos.
Señaló que las autoridades de salud han manifestado que la ómicron se está convirtiendo en la variante preponderante en México y los casos COVID-19 se han disparado 188 por ciento.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen más pruebas de que esta variante causa una forma de COVID-19 más leve, pero el organismo urgió a alcanzar el 70 por ciento de cobertura de vacunación en todos los países. En ese sentido, México suma 58.8 por ciento en la vacunación de la población con esquema completo, y faltan 51.8 millones para la aplicación de la segunda dosis.
“Es preocupante que no se haya establecido un plan emergente para alcanzar la meta internacional, cuando el gobierno federal tiene disponibles 48.9 millones de dosis, de las 201.3 millones que a la fecha ha recibido, con un registro de aplicación de 152.3 millones hasta inicios de este año”.
Privilegiar los criterios políticos por encima de la ciencia, acarrea muertes, particularmente de los más vulnerables, como los niños, quienes deben ser la prioridad máxima del Estado. Pero está visto que el actual gobierno no puede con el paquete, convirtiéndose por antonomasia como el principal violador de los derechos humanos, ya que no puede velar por proteger la vida de los mexicanos.