Desde San Lázaro

Aún sin reforma eléctrica, van por la estatización

Ya hay una negativa de la CRE de renovarle el permiso a Iberdrola, y los esbirros de la 4T insisten en que no se afectará al sector privado con la aprobación de la reforma eléctrica.

Están viendo lo que ocurre con la negativa de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de renovarle el permiso a Iberdrola para que siga surtiendo fluido eléctrico a grandes corporativos, incluso de origen internacional y continúan argumentando los Nahle, Bartlett y esbirros que no se afectará al sector privado con la aprobación de la reforma eléctrica, es decir, mientras se lleva a cabo el Parlamento abierto en la Cámara de Diputados sobre este tema, en la actualidad, aún sin reforma, ya se atenta contra los intereses de empresas privadas generadoras de electricidad más barata y sustentable que la que distribuye y genera la Comisión Federal de Electricidad.

Como se sabe los contratos de energía de la central española Iberdrola en Nuevo León ya vencieron y ante la negativa de la CRE de otorgarles un nuevo permiso, iniciaron un proceso judicial para ampararse ante la arbitraria medida que de facto obligaría a más de 40 empresas de gran tamaño a parar operaciones.

Cemex, Cervecería Cuauhtémoc, Bio Pappel y Nemak son solo algunas de esas empresas que además de pagar impuestos generan una buena cantidad de empleos formales.

Veremos en qué termina el affaire entre la CRE, Iberdrola, Heineken (que carece de la conexión a red de la CFE) y varias empresas más en torno al suministro de electricidad, mientras en el Congreso continúan con la simulación del Parlamento abierto de la reforma eléctrica, con el apartado relativo a ‘Tarifas, oferta-demanda y fuentes renovables’.

La postura de los expertos es incuestionable para impedir que cobre vida la estatización y expropiación de los complejos privados de generación de electricidad que existen en México, y con ello evitar que el costo de ese insumo vital se incremente de forma insostenible para la industria y los hogares

José María Lujambio Irazábal, abogado energético y socio del despacho jurídico Cacheaux, Cavazos & Newton y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), comentó que la iniciativa propuesta no cumplirá con los propósitos que se están planteando; al contrario, tendría impactos negativos en muy diversos sentidos. “De aprobarse la reforma se legalizaría esta práctica de mayor utilización de fuentes fósiles y la energía sería más cara, contaminante y escasa”.

La finalidad del suministro calificado es que ciertos usuarios puedan acceder a diversas alternativas y que tengan la libertad de elegir al proveedor de electricidad que mejor satisfaga sus necesidades. Asimismo, contribuye directamente a la competitividad de las empresas al ayudarles a reducir sus costos, lo cual se traduce en productos y servicios más baratos y de mayor calidad.

Indicó que en los últimos años se ha visto que los contratos de suministro calificado permiten lograr ahorros para los grandes consumidores, entre 5 y hasta 30 por ciento, siendo el rango más común entre 15 y 25 por ciento.

Comentó que el Ejecutivo ha pedido al Congreso evaluar la posibilidad de quitarle a los consumidores del país el derecho con el que hoy ya cuentan de elegir al proveedor de energía eléctrica que más les convenga. “Necesitamos darnos cuenta que la salida de inversiones productivas sería devastadora para la economía mexicana”.

Carlos Aurelio Hernández González, vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión de Energía de la Coparmex, expresó que se quiere una CFE fuerte, pero las tarifas de consumo básico no han bajado y la propuesta de reforma constitucional es contraria a la libertad de elegir de las y los mexicanos a quién consumirle y a la libertad de emprender de las empresas e innovar.

México tiene el potencial de ser líder exportador de energía eléctrica en Norteamérica y Centroamérica; hay interconexiones y la capacidad de energía limpia, eólica, solar e hidroeléctrica. De darse la reforma constitucional en sus términos, se apagarían las centrales privadas.

Las empresas están comprometidas con la responsabilidad social, el medio ambiente y con toda la comunidad del país. Reconoció que la CFE es el principal proveedor de energía limpia, pero es insuficiente. “No ha habido nueva energía limpia por parte de CFE en los últimos 20 años y el crecimiento que hemos visto de tres por ciento de 2016 al 11 por ciento de pura energía eólica y solar y con la biomasa 12 por ciento, será gracias a la entrada al mercado y a las inversiones privadas que se detonaron en ese entonces”.

Destacó que no se debe hacer una reforma constitucional que meta en una licuadora a los suministradores calificados, básicos y sociedades de autoabasto, porque son dos esquemas de generación distintos que no se pueden comparar. Además, comentó, las tarifas en México no deberían subir menos que la inflación, porque están hechas para disminuir, a través de la libre competencia y que el consumidor se sienta bien atendido. Se está dejando fuera al consumidor, a las familias mexicanas y a las pequeñas y medianas empresas.

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