La conversación masiva en redes sociales suscitada el fin de semana en apoyo a la libertad de expresión, el derecho a la información y en repudio al abuso del poder que se da por parte del presidente López Obrador contra Carlos Loret de Mola y otros comunicadores, representa el punto de inflexión en donde el actual régimen entra en una espiral de rechazo, luego de tres años de gobierno.
Más de 65 mil usuarios de Twitter participaron en una jornada con diversas manifestaciones de apoyo al periodista ante el sesgo represor del jefe del Ejecutivo federal.
AMLO está convirtiendo en mártir del periodismo a Loret con sus furibundos ataques que han escalado con la ilegal revelación de sus supuestos ingresos, transgrediendo diversos ordenamientos constitucionales y leyes secundarias que protegen fundamentalmente los derechos humanos.
Desde el artículo 16 Constitucional que habla sobre la protección de los datos personales, hasta el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación relativo a la reserva que debe predominar en la aplicación de disposiciones tributarias; pasando por el artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y el 142 de la Ley de Instituciones de Crédito que menciona lo conducente en torno a la utilización de los documentos y datos que proporcionen las instituciones de crédito.
La solidaridad con el comunicador fue nacional e internacional, particularmente por organizaciones defensoras de la democracia y protección de los derechos humanos.
Verbigracia, el periodista argentino Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), advirtió que revelar los datos fiscales del periodista Carlos Loret de Mola es “una bajeza que solo puede ser explicada como venganza”, y abre la puerta “a más violencia e intolerancia” contra la prensa y busca silenciar a los reporteros y medios de comunicación.
En el mismo sentido se expresó Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, al advertir que los ataques del Presidente mexicano contra la prensa “son una enorme irresponsabilidad política, cuando tiene la obligación de llamar a la paz y encontrar soluciones mediante la apertura a la crítica para que las agresiones contra los periodistas cesen”.
En México, en cambio, la supuesta defensora nacional de los derechos humanos guardó un reprobable silencio ante el evidente abuso de poder del gobierno contra un particular.
La Piedra que despacha en esa dependencia pasará a la historia como el prototipo de la antítesis que representa un ombudsperson.
Desde luego, Loret está en riesgo. Esos fanáticos que con la obnubilación pierden de vista la delgada y casi invisible línea que divide a los insultos de las agresiones físicas, están puestos a cobrar la afrenta.
El presidente debe serenarse al tiempo de corregir lo que ocurre en su entorno familiar.
El régimen está estigmatizado por la corrupción. Esa ave que salía incólume cuando cruzaba los pantanos, ha quedado enlodada y cada vez que intenta defender lo indefendible se ensucia más.
La libertad de expresión y el derecho a la información se ejercen sin dádivas ni cortapisas y hoy más que nunca se ven constantemente amenazadas por el presidente y sus mensajeros, esos personajes acomodaticios que, como buenos mercenarios, se alquilan para vilipendiar al mensajero, en lugar de debatir sobre el contenido de las revelaciones.
La Santa Inquisición ha renacido, erigiéndose como el máximo tribunal para castigar con todo el peso del Estado y de la calumnia a aquellos que han osado ejercer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
La disyuntiva que prevalecía entre la ruta democrática o la dictadura ha quedado esclarecida con el más reciente índice de democracia de la revista The Economist, que cataloga a México con un régimen híbrido, es decir, ubicado entre ambos modelos.
La voz que levantó la sociedad civil ante el affaire AMLO-Loret ha impuesto una muralla para impedir el avance de la dictadura y la transgresión sistemática a la Carta Magna y al Estado de derecho.
Desde el Congreso diversos legisladores advierten sobre la intolerancia que prevalece contra medios de comunicación y periodistas de quien debe gobernar para todos, “no sólo implica una violación a los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, sino que coloca en una situación de vulnerabilidad a los comunicadores en un momento en que la violencia contra ellos no cesa.