Ante la flagrante corrupción que ha prevalecido desde 2019, año de la fundación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), a cargo de Ignacio Ovalle y que explotó en 2020, diversos operadores del presidente como Thalía Lagunes, oficial mayor de la SHCP, realizan la ‘operación cicatriz’ para exculpar a Ovalle de las graves anomalías que se han encontrado durante su gestión, poniendo en su lugar a varios de sus exsubalternos como chivos expiatorios.
De hecho, tanto los secretarios Adán Augusto López, Rogelio Ramírez de la O y Víctor Manuel Villalobos, titulares de Gobernación, SHCP Y Agricultura, respectivamente, así como el presidente López Obrador, cuentan con información del caso, empero es sesgada y dolosa, toda vez que las indagatorias buscan eximir al verdadero culpable y responsable del cochinero.
Las acusaciones que existen sobre los malos manejos de Ignacio Ovalle Fernández y su principal cómplice, René Gavira Segreste, están tomando un camino diferente a lo que ha ocurrido en la realidad en torno a los manejos en Segalmex.
A la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado más de 20 carpetas para indagar actos de corrupción en ese organismo que han ocurrido desde su fundación en este sexenio.
Las irregularidades son de diversa índole, al tiempo que también hay indicios de triangulación de recursos y lavado de dinero vinculados a la empresa Libre Abordo en favor de Nicolás Maduro
Para empezar, debemos recordar que Ignacio Ovalle era director de la extinta Conasupo en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y en ese entonces fue jefe del joven Andrés Manuel López Obrador, quien trató a su encumbrado protector como mentor.
Una de las primeras acciones del actual gobierno fue la creación de Segalmex, 18 de enero 2019, para aglutinar a tres dependencias en una y con ello garantizar el abasto nacional de alimentos básicos. Al frente de esa institución, sectorizada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se nombró a Ignacio Ovalle.
A principios de 2019, se incorpora a ese organismo René Gavira Segreste como oficial mayor de Segalmex, Diconsa y Liconsa y a partir de ese momento se empezó a conformar una de las mayores estafas en esta administración, misma que, en parte, está en poder de la FGR y de la Auditoria Superior de la Federación, aunque cabe acotar que se ‘perdieron’ más de 8 mil documentos originales comprobatorios de las operaciones realizadas por Gavira tras su salida. Esto ha imposibilitado que las pesquisas avancen en varios sentidos, empero, el desaseo y la evidencia que este oscuro personaje hizo con su jefe Ovalle, tiene rastros inocultables.
La carencia de reglas de operación en Segalmex permitió el manejo discrecional de los recursos de la dependencia, al tiempo de establecer una red de proveedores que mediante adjudicaciones directas, se hicieron de contratos multimillonarios, sin que mediara supervisión alguna , incluso del director general.
Con la fusión de Liconsa y Diconsa, Gavira despidió injustificadamente a personal de base para después recontratar a otros trabajadores mediante el esquema de outsourcing que se controlaba con empresas fachada, pero que en la realidad sustraían los sueldos de cientos de aviadores.
Desde el programa de Desayunos Escolares hasta la colocación de 800 millones de pesos en Certificados de Valores Bursátiles, Gavira Segreste operó a su pleno capricho y complicidad de Ovalle Fernández.
En los resultados, verbigracia, de la auditoría 330 de la ASF realizada en Liconsa se recogen testimonios de proveedores que señalaron a René Gavira como “el amo y señor de las decisiones de contratación”, incluso algunas de estas se realizaron mediante llamadas telefónicas.
“Las cajas” que ponía este funcionario a disposición de Ovalle, era sabido por personal de Segalmex.
Por supuesto, la Unidad de Inteligencia Financiera tomó cartas en el asunto por transferencias y pagos irregulares incluso a cuentas de familiares de Gavira.
Entre las asignaciones directas destaca las realizadas a las empresas Vicente Suárez 73 y Coprolac, quienes se comprometieron a llevar a cabo la infraestructura de secado de leche, sin embargo, no lo hicieron y en cambio mediante la alteración de la fórmula en el procesamiento industrial de la lactosa, se embolsaron pingües ganancias al ser solo intermediarios con otros industriales del sector.
La asignación de la crema de la leche de Liconsa también la manejó otro incondicional de Ovalle, Iván Fuentes, personaje que se encargó de crear empresas fantasmas para revender el producto a un mejor postor. Desde luego, estas fraudulentas operaciones están documentadas, aunque faltan más pruebas, y obran en poder de la FGR y de la ASF. (Continuará)