Con revocación de mandato o sin ella, López Obrador seguirá como presidente hasta el 30 de septiembre de 2024. Entonces, por qué tanta preocupación porque se lleve a cabo la consulta popular, a tal grado que son cientos de millones de pesos que se están gastando en promoverla y en movilizar a miles de ‘voluntarios’ para convencer a la ciudadanía para que acuda a las urnas el próximo 10 de abril a ratificar al tabasqueño.
Algunos mal pensados apuntan a que esa terquedad responde más a realizar otro ejercicio similar en el primer semestre de 2024 para ampliar el periodo constitucional por el que originalmente fue elegido AMLO, tal como ocurrió en otros países como en Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Por ello este ‘ejercicio de democracia participativa’ es una especie de laboratorio para lo que se vendrá dentro de dos años y medio.
Desde luego, mientras las estrellas se alinean para el presidente para que ocurra este escenario, en el camino se trata de atacar al INE por todos los frentes como se ha venido haciendo desde hace por lo menos un año, para, al final de cuentas, convertirlo en un apéndice de la secretaria de Gobernación.
Si el resultado de la revocación de mandato no convoca a un buen número de ciudadanos, digamos más de 10 millones de personas, será un fracaso estrepitoso para el INE, culpa que por supuesto no es de la autoridad electoral, pero para el presidente y su partido, será el perro al que le cargarán todas las pulgas.
En contraparte, si la asistencia a las urnas es copiosa, poco probable, pues tendrán más apoyo ciudadano para, de igual forma, tratar de reducir al Instituto Nacional Electoral a su mínima expresión para 2024.
Es, decir en cualquiera de los casos el INE será el pagano de todas las culpas.
Esto los saben Lorenzo Córdova y Ciro Murayama y por ello se explica su activismo para defender al organismo que presiden, no por tratarse de una actitud patrimonialista, sino de defender por obligación al órgano electoral por tratarse de un asunto toral en la consolidación de la democracia mexicana.
Así que, durante las próximas semanas, el INE estará más bombardeado que un país en guerra.
Si por alguna razón de esas que son imposibles, se decidiera cancelar la revocación no solo no pasaría nada, sino que se ahorrarían más de 3 mil millones de pesos, considerando la organización y la publicidad que están pagando por abajo del agua.
Todo ese dinero serviría, por ejemplo, para no cancelar las escuelas de tiempo completo y regularizar el abasto de medicamentos para niños con cáncer.
Las ocurrencias y la imposición de prácticas democráticas que se aplican en otras latitudes para validar la permanencia en el poder de dictadores son muy onerosas, sobre todo para un país en donde más de la mitad de sus habitantes viven en pobreza.
Espectaculares, carteles, trípticos, bardas y volantes, todo prohibido por la ley electoral pero eso no importa si se trata de darle gusto al presidente.
La revocación de mandato nació como un ejercicio democrático torcido para que subrepticiamente se establezca un precedente para ampliar el mandato del presidente más allá de su frontera constitucional. Claro que eso no ocurrirá ahora, sino en la víspera de las elecciones presidenciales.
Mientras los tiempos no dan la razón, tenemos que aguantar las maromas de los promotores de la revocación de mandato para atentar contra lo que Morena aprobó en el Congreso, en el sentido de prohibir la participación de los partidos políticos y por supuesto de las autoridades en promover la participación de la ciudadanía en la consulta popular.
Ahí tienen al torpe legislador Sergio Gutiérrez Luna tratando de quedar bien con el presidente, justificando el descarado atropello a la ley con la injerencia gubernamental y partidista en la promoción de voto porque “se atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información” .
Por otra parte, de dénde cree, estimado lector, que está saliendo el dinero para tapizar las bardas del país y usar cientos de espectaculares para invitar a que siga el presidente en su cargo. No vaya a pensar que de los gobernadores y jefa de Gobierno de Morena y PVEM y uno que otro priista.