Desde San Lázaro

El mito del litio mexicano

Con la aprobación de la iniciativa sobre el litio en el Congreso no habrá forma, en lo que resta del sexenio de López Obrador, de destacar la explotación comercial de algún yacimiento.

Ese prurito que tiene el presidente contra todo lo que huele a privatización, responde más a prejuicios emanados de una ideología de izquierda que tan solo sirve para retrasar el desarrollo y el bienestar de los pueblos, que a hechos reales y demostrables que destaquen la eficiencia del Estado en administrar ciertos sectores o productos.

Para qué tanto brinco estando el suelo parejo. Si el litio es propiedad de la nación, es decir, “ya es patrimonio de la Nación”, de acuerdo a la Constitución, entonces, para qué limitar su extracción y explotación por el Estado, cuando éste no tiene capacidad suficiente para hacer crecer esta industria a niveles competitivos mundiales y en cambio, se le condena a vivir atada a los grilletes del estatismo y la expropiación.

Para empezar, diremos que hay demasiadas expectativas sobre el real potencial del litio en nuestro país, sobre todo cuando se carecen de los recursos públicos para dedicarlos a su explotación.

De acuerdo al Perfil del mercado del litio, hecho público por la Secretaría de Economía hace un año, se menciona que no se reporta ninguna producción relevante del litio.

Se espera que hasta el próximo año, la empresa Bacanora Lithium comience a procesar en Sonora 1.1 millones de toneladas de mineral por año, en una primera etapa.

Desde luego, ante la creciente demanda internacional por el mineral, los países productores apresuran el paso para estar en condiciones de satisfacerla, solo que muchos de ellos, como México, carecen de la tecnología y del capital necesario para su extracción, de allí que la intervención del capital privado es indispensable.

Lo ideal sería que se creara un mecanismo mixto entre el gobierno y la iniciativa privada para contar con los recursos suficientes para explotar el litio. Sin embargo, en la iniciativa presentada por el presidente López Obrador al Congreso prohíbe expresamente la participación del capital privado.

Esta medida, ya de suyo, impide detonar a esta industria a su real nivel y con ello colocar a México como uno de los mayores productores del mundo.

En estos momentos, si comparamos la producción del Litio contra del cobre, pues nada que ver.

El consumo anual de cobre es de alrededor de 25 millones de toneladas, muy superior a la demanda proyectada del litio para 2025, que será de 800 mil toneladas.

Los legisladores de Morena han hecho sus cuentas alegres al reportar que con los recursos generados por el litio se podría pagar cuatro veces la deuda externa del país, claro, ‘olvidan’ considerar el costo de extracción y todos los gastos directos e indirectos que implica entregarlo al consumidor final.

En la propuesta del presidente se anuncia la creación de un organismo descentralizado para administrar esta nueva riqueza, lo que implica necesariamente que los tentáculos de la corrupción le quitarán más valor al litio mexicano.

“Se propone crear un organismo público descentralizado, por lo que el uso de éste y de otros minerales estratégicos para la transición energética no estará sujeto a otorgamiento de licencias, concesiones, contratos, asignaciones o permisos a favor de particulares, nacionales o extranjeros”.

Otro mito es que en Sonora se encuentra el mayor deposito del mundo, lo cual es falso, ya que arriba están el salar de Uyuni en Bolivia, el salar de Atacama en Chile y Caucharí-Olaroz en Argentina, entre otros.

El metal empleado en la fabricación de baterías se ha detectado en unas 60 ubicaciones a nivel nacional, pero las perspectivas de desarrollar operaciones de litio económicamente viables son débiles por sus bajas concentraciones y la presencia de impurezas.

Otros escollos que tendrá que sortear el gobierno para explotar el litio son los problemas geológicos y los litigios internacionales por las concesiones otorgadas al día de hoy.

La propuesta, firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que la exploración, explotación y aprovechamiento del litio y sus cadenas de valor económico correspondan exclusivamente al Estado mexicano, para que se haga cargo de manera integral de esta industria.

El documento señala que el Servicio Geológico Mexicano apoyará a este organismo descentralizado en el reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables de litio.

Si se llega a aprobar la iniciativa en el Congreso sobre el litio, en lo que resta del sexenio de AMLO no habrá forma siquiera de destacar la explotación comercial de algún yacimiento, salvo la que ya emprende la iniciativa privada en Sonora.

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