En días recientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió a un periodista extranjero que le cuestionó sobre los asesinatos a comunicadores ocurridos en este sexenio: “no hay impunidad, y si tú opinas lo contrario me lo pruebas”. La dura contestación al periodista no refleja la verdad: la impunidad en el país es lacerante y es un aliciente para el crimen organizado.
La narrativa oficial en torno a la seguridad pública durante este gobierno ha estado basada en señalar que “se está trabajando”, que el alarmante incremento en los delitos de alto impacto en el país “se está atendiendo”, y que la estrategia consiste en atender las causas que originan la violencia y la inseguridad. Pura palabrería.
A la luz de los resultados vistos desde las cifras oficiales, las reuniones del gabinete de seguridad que se llevan a cabo todos los días de seis a siete de la mañana en Palacio Nacional no sirven para nada. En esta semana se rebasaron los 120 mil homicidios dolosos en lo que va de la actual administración, cifra registrada a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón.
El criterio del gobierno para la actuación de las Fuerzas Armadas es dejar actuar al crimen organizado. El gobierno asume que al no combatir a los grupos delincuenciales, éstos se portarán bien. El crimen organizado parece tener licencia para actuar y para matar. El gobierno de López Obrador se está convirtiendo en un sexenio de muerte.
Ese horror provocado desde la autoridad ya tocó a la Iglesia católica. Los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora fueron asesinados al interior de la iglesia de la comunidad Cerocahui, en la sierra Tarahumara de Chihuahua, cuando daban refugio a un hombre que era perseguido. Los cuerpos de los dos sacerdotes y del hombre perseguido, Pedro Palma, que estaban desparecidos, fueron localizados ayer. Además, en un evento paralelo, otras cuatro personas fueron secuestradas en la misma comunidad.
Uno de los principales líderes de los jesuitas en la sierra Tarahumara, Javier Ávila, lamentó que el horror que vive el pueblo mexicano haya tocado ya a la Iglesia. “Vivimos constantemente amenazados y hostigados, pero nunca habíamos llegado a este extremo”, declaró a la prensa.
“Esto nunca se va a entender, porque no tiene ninguna lógica. Es el fruto de una cerrazón oficial frente a una realidad muy trágica. El país, no sólo la zona Tarahumara, está arropado por una impunidad grosera y alarmante. Duele mucho, pero es una realidad”, dijo Ávila al diario español El País.
López Obrador dijo sobre el tema: “estamos ahora atendiendo este asunto. Parece que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes”. Lo cierto es que al presidente parece no interesarle combatir a los grupos delincuenciales. Lo que sí le interesa es tener una estrategia que le aporte votos a su partido.
El mensaje que desde el poder se envía es que si hay más homicidios o no en el país, depende solamente de la voluntad de los grupos criminales y no de la actuación del gobierno.
El senador Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista, pidió revisar la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador y reflexionar respecto a los niveles de violencia, sin intereses partidistas. La respuesta fue de risa: el nombramiento de Clara Luz Flores, excandidata morenista al gobierno de Nuevo León, como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nombrar a alguien sin experiencia en temas de seguridad en ese cargo, ¿qué podría salir mal?