Si el huracán Bonnie y la onda tropical número 9 no disponen de otra cosa, el norte del país seguirá agobiado por una de las peores sequías de que se tenga memoria. Y aunque las autoridades federales y estatales tienen los diagnósticos y estudios suficientes sobre la escasez de agua, no han hecho obras de gran calado para resolver el problema; al contrario, se ha ido recortando el presupuesto federal para detonar la infraestructura hídrica.
Mientras que se invierte en elefantes blancos como el AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, se soslaya el tema del abasto de agua al centro y norte del país.
Si parte de esos recursos que se tiran en un barril sin fondo en obras de relumbrón, se destinarán a infraestructura hídrica, no tendría la población que padecer la sequía y pronto la hambruna por la falta de alimentos.
La situación por la que transita Nuevo León, por ejemplo, es solo una muestra de la nula planeación que existió en cuanto a invertir en llevar agua a sus moradores, por lo que solo están atenidos a las lluvias y a la tecnología para ‘cargar las nubes’.
El asunto no es menor si consideramos que en la mayoría de las regiones del orbe el agua es un tema de seguridad nacional.
De acuerdo con el último reporte del monitor de sequía, elaborado por la Conagua, al 15 de junio pasado, 72.58 por ciento del territorio nacional se encontraba bajo una condición de sequía, de anormalmente seco a sequía excepcional.
Entre las causas del bajo nivel de lluvias está el cambio climático.
Datos revelan que estamos en 25 por ciento de la cuenca en sequía severa y 75 por ciento en sequía moderada con tendencia a irse incrementando debido a la ausencia de lluvias.
La pregunta surge de inmediato: ¿qué hace el gobierno actual frente a la sequía, pues presenta un subejercicio en las partidas presupuestales que tienen que ven con obras de infraestructura hídrica y de abasto a la población?
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el país enfrenta recortes de gasto que rondan de 6.5 hasta 14.8 por ciento desde 2012; y cada vez más gente ve mermado su acceso al recurso hasta el grado de no satisfacer sus actividades diarias de higiene.
Varias entidades se encuentran en alto riesgo de escasez de agua, como Coahuila y Chihuahua. Además, hay que considerar que cerca de la mitad del territorio mexicano es desierto o semidesierto y ello agrava el fenómeno, particularmente porque en ellos descansa gran parte de la producción alimentaria y de crecimiento económico nacional, de ahí la necesidad de atender el tema en lo inmediato para alcanzar la seguridad hídrica presente y futura.
La organización México Evalúa señala que sólo se dedicaron al agua 43 centavos de cada 100 pesos destinados a infraestructura, lo cual contrasta con los datos y recomendaciones emitidas por instituciones de desarrollo y financieras a nivel internacional, que plantean que se requieren aproximadamente 231 dólares por persona para garantizar el acceso al agua potable y saneamiento.
A lo largo de 10 años nuestro país tendría que destinar un presupuesto de alrededor de 40 mil millones de pesos anuales, lo cual parece una inversión razonable si se quiere resolver un tema de justicia social y ética de estas proporciones.
Desde el Congreso, el diputado Luis Espinoza Cházaro informó que los proyectos presa Libertad del área conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, y Modernización Integral del Acueducto Río Colorado de Tijuana, por ejemplo, aunque en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 tienen una asignación de 584.7 y 269 millones de pesos, respectivamente, no han ejercido esos recursos.
Por ello, el coordinador del grupo parlamentario del PRD presentó ante la Comisión Permanente una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que entreguen los recursos destinados a infraestructura hídrica.
Tras precisar que están siendo evidentes los conflictos por el agua en el país, el legislador federal señaló que las disminuciones en el presupuesto y gasto en materia hídrica de los últimos años, particularmente en lo referente al abastecimiento, están pegando fuerte sobre la población.
Por eso la importancia de que el gobierno no frene más las inversiones y active los recursos para esa infraestructura, que es de vital importancia para la seguridad y estabilidad del país.