Las prisas por inaugurar obras inconclusas ya llegó al sureste mexicano con el apresuramiento en la construcción del Tren Maya en el tramo 5, que pasa por la Riviera Maya, aunque esté impedido por amparos concedidos por el Poder Judicial.
Con el grito de que “la ley soy yo”, el presidente aseveró que como la suspensión de los trabajos estaba significando un alto costo al presupuesto público, se tomó la decisión de declarar la obra como prioritaria y de seguridad nacional.
Por medio del decretazo son omisos en respetar el orden constitucional, al tiempo de vulnerar la división de poderes al ajusticiar a los jueces que osaron proteger a los ciudadanos ante los atropellos del Poder Ejecutivo.
Mientras los derechos fundamentales de los ciudadanos son vulnerados por la autoridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside una Piedra, se mantiene callada y con ello se convierte en cómplice del Estado transgresor y represor.
Dice el presidente: “ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y no por los intereses de un grupo de corruptos y pseudoambientalistas… se va detener la obra… nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos”.
No dejó títere sin cabeza el jefe del Ejecutivo federal, ya que volvió a arremeter contra los jueces que osan conceder amparos como si fuera por su gusto, cuando esta figura jurídica es un medio de control de constitucionalidad de los actos emitidos con motivo del ejercicio de poder previsto por el ordenamiento jurídico.
Este affaire entre AMLO, los ambientalistas y el Poder Judicial se circunscribe en las prisas que tiene el presidente por agregar el Tren Maya al escaparate de los elefantes blancos, que maman dinero público en cantidades exorbitantes, para que al final del día no proporcionen rentabilidad ni retorno de inversión y tampoco una supuesta utilidad pública y menos beneficios para la población.
Así que, señores, prepárense para que en diciembre de 2023 inauguren la obra, aunque sea su primera etapa, con pocas estaciones de servicio y tramos inconclusos, pero eso qué importa ante la necedad de contar con elefantes blancos a la brevedad.
Veamos, ni el inacabado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ni la refinería Olmeca, que a la fecha no refina nada, impactan en mejorar la calidad de vida de los mexicanos y menos en paliar la pobreza y marginación en la que vive la mitad de los mexicanos.
Desde Sa Lázaro, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández aseveró que el Tren Maya ha resultado, al igual que otras obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el AIFA y la refinería en Dos Bocas, una obra sin planeación, con un avance físico menor a lo proyectado y con un sobrecosto que ya rebasa en un 90 por ciento lo planteado al inicio.
Además, precisó el legislador que es muy lamentable que el Consejo de Seguridad Nacional catalogara al Tren Maya como una obra de seguridad nacional; “esto es una argucia legal que utiliza el gobierno de la 4T para hacer trampa y evadir el cumplimiento de la ley. Exigimos que se den a conocer los criterios que se utilizaron y sus alcances para evadir la ley y los permisos ambientales”, abundó.
“La falta de planeación y el derroche de recursos en el Tren Maya son verdaderamente insultantes, ahora se nos anuncia que habrá un sobrecosto de más de 90 por ciento en esta obra. Primero dijeron que costaría alrededor de 120 mil millones de pesos; después las proyecciones marcaron que pasaría los 200 mil millones; este capricho presidencial sale muy caro”.
Agregó que, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se hizo una modificación al presupuesto aprobado, aumentándolo de 62 mil 942 millones de pesos, a 73 mil 372 millones, es decir, 10 mil millones de pesos extras para este año.
Ante los cambios que ha sufrido este proyecto por la inviabilidad de sus rutas, antes de dejar el cargo, Rogelio Jiménez Pons, en una comparecencia en el Senado en octubre de 2021, comentó que el costo total de la obra sería de hasta 230 mil millones de pesos. Tan solo en tres años la obra ha tenido un sobrecosto de 110 mil millones de pesos, poco más de 90 por ciento.
Asimismo, como resultado de la mala planeación, se realizó un cambio de trazo de la ruta del Tren Maya en el tramo Cancún-Playa del Carmen, y la cancelación de los trabajos ya avanzados dejó como saldo aproximadamente 20 mil árboles talados y 478 millones de pesos invertidos tirados a la basura.