Apretar hasta la asfixia a los presupuestos de las dependencias federales para direccionarlos a las obras insignia de esta administración, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, además de fondear los programas de política social con tintes electorales, castiga a los que menos tienen porque los beneficiarios de muchos de los programas de gobierno son precisamente ellos.
Las malas decisiones del gobierno de la 4T en destinar recursos públicos con base en las ocurrencias presidenciales han puesto a las finanzas públicas en niveles del colapso, toda vez que los recursos extraordinarios, verbigracia, generados por los altos precios internacionales del petróleo, no son suficientes para cubrir el déficit fiscal por más de 683 mil 500 millones de pesos por concepto de IVA e ISR.
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) anunciado por el gobierno en mayo de este año ha impactado en los gastos fiscales en general, pero sobre todo por concepto de IEPS a combustibles.
Esta autoflagelación gubernamental para controlar la inflación no ha tenido el éxito esperado y, al contrario, ha pulverizado los nimios ingresos que reciben los más pobres.
En este escenario, continuamos enfrentado una inflación que no se presentaba en los últimos 25 años y, por otro lado, la cantidad de pobres se ha multiplicado con el gobierno de la 4T, además de que las finanzas públicas están muy comprometidas a niveles que exigen contratar créditos internacionales a la brevedad para sortear la situación.
Si hubiera un pulcro y oportuno ejercicio del Presupuesto, la situación no sería tan grave, empero, la llamada ‘pobreza franciscana’ afecta principalmente a los sectores sociales más marginados, esto con base en el reporte de la Secretaría de Hacienda del avance del gasto al segundo trimestre de 2022, en el cual se tuvo un subejercicio de 19 mil 438 millones de pesos con afectaciones importantes en educación, seguridad y salud, mientras que el gasto que se ejerce en el sector turismo tuvo un aumento real de 260.1 por ciento, al pasar de 13 mil 485.4 millones de pesos en enero-junio de 2021 a 52 mil 212.4 millones en el mismo lapso de 2022. La cifra refleja el gasto que se está realizando en el Tren Maya.
Los ‘subejercicios’, además de ser una señal de mala administración de los recursos, evidencian una estrategia del Ejecutivo federal para retener recursos y redirigirlos de manera discrecional a los programas insignia de infraestructura, que al carecer de una adecuada planeación presentan sobrecostos que van mucho más allá de lo programado, torciendo la ley y manipulándola a su antojo.
Sabemos, de voz de los propios operadores del gasto, que Hacienda no baja los recursos a las dependencias de acuerdo con lo programado y con ello se generan los ‘subejercios’.
Las exlegisladoras Laura Rojas, Verónica Juárez, Lorena Villavicencio y Martha Tagle, de la Red Rebeldes con Causa, señalaron que la reducción en el gasto público en materia de salud no es solo de este año; en los últimos tres años la reducción efectiva en materia de salud representa cerca de 110 mil millones de pesos, entre subejercicios, recortes y la inflación. Esto ha afectado programas fundamentales, como suministro de medicamentos, atención a la salud, vacunación, medicamentos gratuitos y prevención de enfermedades, que en el primer semestre del 2022 presentan subejercicios por más de 18 mil millones de pesos con respecto a los 59 mil millones programados, lo que representa un subejercicio de casi 31 por ciento.
Con base en un análisis de México Evalúa, el gasto de salud de los primeros cuatro meses de este año es el más bajo para ese periodo en la última década.
La falta de atención médica en hospitales y clínicas, así como el suministro de medicamentos, han sido absorbidos por las familias con merma de su ingreso y tareas de cuidados en casa que recaen fundamentalmente en las mujeres.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en un año, el gasto promedio que destinan los mexicanos para atender su salud rebasa los 9 mil 500 pesos, que para muchas personas representa gastar más de un mes de su sueldo en servicios médicos.
En abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó el control que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía para determinar por decreto, de forma discrecional, el destino de los ‘ahorros’ que se obtengan en la administración pública federal.