Nos quejamos de todo, pero poco hacemos para exigir a las autoridades que cumplan con sus tareas y dejen de sangrar el bolsillo de los ciudadanos.
En tiempos en que ha sido un desastre la actual administración federal, ya que en cualquier tema que se quiera evaluar, los saldos son negativos. Y si no me cree, hay que observar cómo están las cosas en materia de inflación, desabasto de medicamentos, violencia e inseguridad pública, educación, economía, empleo, abasto de agua potable, contaminación, infraestructura urbana, atención sanitaria y médica en la pandemia por Covid-19, etcétera.
En todos los rubros mencionados hay un grave daño a la calidad de vida de la mayor parte de los mexicanos, pero poco hacemos para exigir que se atiendan los problemas que más nos agobian.
Hasta en detalles de poca monta se aprecia como, por un lado, las autoridades de los tres niveles de gobierno se inventan impuestos y contribuciones locales para tener dinero; y por otro, cómo gastarlo en cosas inútiles como las obras consideradas elefantes blancos que no tienen un retorno de inversión ni siquiera aceptable para el grueso de la población.
Hay que ver el aeropuerto de Santa Lucía, que no sirvió para aliviar la saturación que padece el aeropuerto internacional de la CDMX.
La refinería de Dos Bocas, a pesar de que ya fue inaugurada, no refina ni un solo litro de combustibles.
Con el Tren Maya siguen devastando la selva del sureste mexicano y no hay para cuándo terminen de construirlo.
La característica común que distingue a estas tres obras es el derroche de recursos, ya que los presupuestos originalmente aprobados se han incrementado en hasta dos o tres veces.
Y de dónde salen los recursos para seguir construyéndolos, pues de los impuestos que pagamos todos los mexicanos y de la deuda externa que se ha disparado en apenas tres años en el gobierno de AMLO, por arriba de lo que contrataron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos.
Para todo quieren sangrar a los contribuyentes, ya sea por el pago del agua o del predial, por la expedición de un pasaporte y no se diga de las licencias de conducir que, incluso en el pasado, en varias entidades del país, como en la misma CDMX, se expidieron licencias permanentes, pero luego fueron canceladas para dar paso a las de renovación periódica.
Claro, en cada renovación hay que pagar y así hasta el infinito, y lo peor es que ese billete se va a la autopromoción de funcionarios públicos para un cargo de representación popular, tal como ocurre en la capital del país con Claudia Sheinbaum, quien tiene una presencia muy relevante a través de espectaculares en todo el país con un costo que dejaría asombrado hasta al priista más corrupto, y no estoy hablando de Alejandro Moreno.
En cálculos conservadores, cualquier mexicano paga en promedio más de 40 por ciento de sus emolumentos en algún impuesto o contribución, derecho o multa.
Desde el IVA, ISR, IEPS, predial, agua, derechos e impuestos locales, hasta alimentos y medicinas que se supone están exentos, pero con alguna triquiñuela siempre hay un cargo extra para todos.
Me gusta la propuesta del diputado federal José Antonio García García (PAN), quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que sean expedidas en todo el país por las autoridades correspondientes, licencias de conducir permanentes para automovilistas, a fin de favorecer el bolsillo y economía familiar de las y los mexicanos, reducir trámites burocráticos, combatir la corrupción y generar confianza y certeza jurídica en las y los conductores.
Así deberían hacer todos los diputados para eximir de múltiples pagos que tiene que hacer la gente, en lugar de enfrascarse en discusiones estériles en torno a ver quién llega al poder.
Los políticos marchan en un carril y las necesidades de la población en otro, y así seguirá en el futuro, mientras se mantenga una actitud pasiva y timorata de la gente, ante el atropello que hace la clase gobernante contra todos.
En las próximas semanas vendrá la discusión del Paquete Económico del 2023, en donde se definen los ingresos que tendrá el gobierno, que rondan más de 7 billones de pesos, y el presupuesto para determinar en qué gastarlos. La verdad, mucho de ese gasto se va a ir directo a la basura.
Se habla de una reforma fiscal para que el gobierno tenga más dinero, pero se pasa por alto a la gente y sus necesidades; en lugar de incrementar la tributación, por qué no se bajan los rangos de impuestos y contribuciones.