Ahora que estamos bajo el acecho de los temblores, tormentas y huracanes, en donde grandes núcleos poblacionales se han visto afectados, particularmente del lado del Pacífico, aunque no hay que olvidar al sureste, se impone la cruda realidad de que el gobierno de López Obrador desapareció todos los fideicomisos; claro, menos los de la milicia, que representaban grandes recursos económicos, productos de ahorros de gobiernos anteriores, como el Fonden, que se utilizaban, precisamente, para solventar las desgracias que asolaban a comunidades enteras.
Ahora, ni siquiera se cuenta con la visita del presidente y menos de recursos para iniciar la reconstrucción de los sitios afectados.
Ojalá que en lo que resta de este sexenio no ocurran grandes desgracias que lamentar, pero ante el cambio climático y sus efectos devastadores, particularmente entre la población de bajos recursos, y el constante movimiento de las placas telúricas ubicadas en el territorio nacional, pues se ve difícil que no ocurran.
Por ello, desde hace por lo menos 20 años, se empezaron a constituir esos fideicomisos que con los recursos presupuestales captados, se utilizaban para paliar el daño ocasionado ante grandes contingencias.
De los 64 mil 524 millones de pesos que obtuvo el gobierno federal al desaparecer los 109 fideicomisos, una mínima parte se destinó a comprar vacunas contra el Covid-19, el 9.4 por ciento, y lo demás se tiró a la basura en la construcción del Tren Maya (26 mil 342 millones de pesos) y otras obras de relumbrón; claro, esto en el mejor de los casos.
Los logros que tanto pregonan sobre el ahorro de recursos públicos son una falacia, ya que no solo se gastó el dinero que había en los fideicomisos, sino que se derrocharon, amén del daño causado a los propósitos de cada uno de esos 109 fideicomisos.
Entre ellos estaba el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que tras desaparecerlo en octubre de 2020, por supuesta opacidad en su manejo y que, por supuesto, a la fecha no hay ninguna persona procesada por ello, tenía recursos por 4 mil 911 millones de pesos, dinero que ahora sería vital para mandarlo a Colima, Michoacán y toda la zona siniestrada por los sismos del 19 y 22 de septiembre.
Desde luego, hay miles de afectados por los estragos causados por la naturaleza y malas decisiones de las autoridades, como por ejemplo, las inundaciones de Tula o Tabasco, que han quedado totalmente desamparados por el gobierno federal.
El objetivo del Fonden era atender los efectos de desastres naturales impredecibles, cuya magnitud superara la capacidad financiera de respuesta de las dependencias, paraestatales y entidades federativas.
Al carecer de estos recursos para emergencias, cualquiera pensaría que se reemplazaría por otro mecanismo de apoyo, sin embargo, a los genios de la 4T se les olvidó este detalle y no crea que es por falta de voluntad, sino por falta de dinero, ya que el gasto desplegado en la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, va a parar a barriles sin fondo y sin posibilidad. Cuando algún día estén terminados, esperemos den un retorno de inversión para los mexicanos.
Entre las tres obras insignia de AMLO, los programas sociales con tintes electorales, las pensiones, la deuda externa y sus intereses, que en esta administración, en apenas cuatro años, se ha incrementado al doble de lo que contrataron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en su momento, se va todo el dinero producto principalmente de los impuestos pagados por los contribuyentes cautivos.
La falta de recursos públicos para atender las demandas más sentidas de la población en cuanto al embate de la naturaleza, no solo afectará hasta el 2024, sino que será más allá de ese año, en virtud de que las finanzas públicas están quebradas y solo encuentran un respiro con contratar más deuda o por las alzas de los impuestos.
Cualquier responsable de una familia sabe que debe contar dinero guardado para atender problemas que no están presupuestados, como una enfermedad, accidentes o de plano la pérdida de la fuente de recursos, cuantimás un gobierno que tiene la obligación de resguardar a la población, sin embargo, para el presidente López Obrador esto no está considerado, aunque dice que se ahorraron 1.5 billones de pesos, pero nadie sabe en dónde están, y todo lo deja a la buena de Dios.
La improvisación y las ocurrencias dieron al traste con la incipiente cultura de la prevención y el ahorro que diseñaron gobiernos anteriores.