No crea, estimado lector, que con la toma de posesión del gobernador Américo Villarreal el próximo 1 de octubre, se terminarán los conflictos y las acusaciones que lo rodean por presunto dinero ilícito en apoyo a su campaña política, además de los desencuentros contra su antecesor Francisco García Cabeza de Vaca; al contrario, vendrá el revanchismo mediante la judicialización de diversos actos ilícitos en los que supuestamente incurrió este último.
Los agarrones entre morenistas y panistas de esa entidad están a la orden del día y se recrudecerán aún más cuando ya investido gobernador, Américo Villarreal arremeta con todo, para enviar a la cárcel a su antecesor y varios de sus colaboradores más cercanos.
Desde luego, en estos cuatro días que faltan para que asuma el cargo Villarreal, tendrá que salir por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución en torno a la legalidad de las elecciones en esa entidad, al tiempo de develar si en verdad existe alguna orden de aprehensión emitida por jueces locales en su contra y que por ello, decidió regresarse al Senado, para cubrirse con el manto protector que le otorga el fuero constitucional.
Aunque este movimiento es totalmente inútil, porque la licencia al cargo como senador no le quita el fuero a los legisladores, “no siendo en consecuencia, renunciable el fuero o prerrogativa, menos aún puede aceptarse que se suspenda o concluya por licencia”, señalan diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reza el refrán popular que el miedo no anda en burro y en momentos que las agencia de inteligencia y del combate a las drogas de Estados Unidos, tienen documentado el financiamiento ilícito a su campaña, pues resulta explicable el temor del gobernador electo.
En este desencuentro ya entró al quite el presidente López Obrador para defender al “doctor, ya que es una gente de primera, decente y honesto”, empero, para una buena parte de sus paisanos, el senador tiene una larga cola que le pisen.
De forma paralela, la jefa de Gobierno firmó un desplegado con los gobernadores emanados de la cuarta transformación para apoyar, dicen ellos, la decisión que emitieron los tamaulipecos en las elecciones, el pasado 5 de junio, al expresar su apoyo al deseo de cambio que expresaron en las urnas.
Señala el desplegado que en los próximos días, el TEPJF deberá calificar la elección a gobernador en el estado, en donde se confirmará la victoria legal, legítima y democrática de Morena y se desestimarán los argumentos absurdos con los que el PAN pretendía anular la elección.
Luego de endilgar una serie de epítetos contra “la derecha corrupta y conservadora”, exigen los mandatarios de Morena y PVEM que el gobierno estatal de Tamaulipas saliente respete la voluntad política y cese de manera inmediata cualquier intento de obstaculizar la toma de protesta del nuevo mandatario.
Es decir, la aplanadora morenista, con todo y presidente incluido, se lanza para evitar que el TEPJF, ni por error, se le ocurra anular las elecciones, porque en menudo lío se estarían metiendo los magistrados de ese tribunal.
La intervención de los criminales en la elección de Tamaulipas fue un hecho incontrovertible, así como el rebase de los topes en los gastos de campaña, como también el financiamiento de las campañas con recursos de procedencia ilícita, empero, aun con todos estos señalamientos, el Tribunal Electoral emitirá su resolución avalando que todo se llevó dentro de los márgenes de la legalidad.
En una franca persecución política, veremos en el último trimestre del año la retahíla de acusaciones contra el gobernador saliente, quien de no darse a la fuga, tendrá que pasar una larga temporada recluido.
Hay que recordar que entre el equipo que acompaña a Américo Villarreal en este periplo, se ubica a Santiago Nieto, exjefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, personaje que trae un conflicto personal con Francisco García Cabeza de Vaca y que se ha abocado a reunir las pruebas correspondientes que sustentan las diversas anomalías graves en los que incurrió el gobernador saliente.
En caso de que hubiera una orden de aprehensión contra Américo Villarreal, de ninguna manera impactaría en la decisión del Tribunal sobre la nulidad de la elección.