Quisieron tapar un hoyo y abrieron un socavón.
Al aperturar las fronteras a todo tipo de productos agropecuarios para abatir los índices inflacionarios de los alimentos, dejaron en total vulnerabilidad a la salud de los mexicanos, al tiempo de pegarles a los productores nacionales que tendrán que competir contra productos subsidiados por el propio gobierno.
Ante el fracaso de las medidas implementadas por el Paquete para Combatir la Inflación y la Carestía (Pacic), se pusieron creativos los chicos de Rogelio Ramírez de la O, titular de la SHCP, y dispusieron liberar a los productos importados del cerco sanitario, lo que de suyo deja abierta la puerta para que ingresen todo tipo de enfermedades.
La sanidad e inocuidad de los productos de origen agrícola y pecuario deben tener mecanismos con altos estándares de calidad, que den certeza en cada etapa de la cadena de valor alimentaria, sin embargo, con esta medida, podrán incluso acceder a territorio nacional alimentos altamente contaminados.
La diputada federal María del Refugio Camarena Jáuregui (PRI), exhortó al Poder Ejecutivo a no ceder de un plumazo, de manera irresponsable y populista, la facultad que tiene por ley la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal, así como vigilar, aplicar, fomentar, atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria.
Camarena Jáuregui señaló que tanto Senasica como Cofepris, en coordinación o de manera independiente, son instancias fundamentales para garantizar la sanidad animal, la inocuidad agroalimentaria y la salud de las familias de México.
Es un terrible error de Estado y de seguridad nacional que el gobierno federal, basado en la confianza y no en la ley, ceda a los firmantes del acuerdo, a través de una cuestionable licencia única universal, un tipo de inmunidad en materia de sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos, esto, para que estén eximidos de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos que por ley Senasica y Cofepris establecen, así como del impuesto general de importación en sus actividades de importación, distribución e insumos de envasado.
Por tal motivo, desde San Lázaro han puesto la voz de alerta los diputados federales de oposición por la laxitud mostrada por el gobierno federal, al confiarles la responsabilidad sanitaria, de inocuidad y calidad agroalimentaria a los empresarios firmantes del acuerdo, ya que los vuelve juez y parte, desplazando de su responsabilidad legal a Senasica y a la Cofepris.
Esto es grave porque la contaminación por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas en alimentos nacionales y de importación de origen agrícola y pecuario puede ocurrir en cualquier momento de las etapas de la cadena de valor alimentaria.
Además de poner en riesgo la sanidad agroalimentaria de México, resulta iluso creer que con esta medida se abata la inflación.
El Pacic en su primera etapa no pudo contener una tasa de inflación en el precio a 15 productos de la canasta básica, de los 24 que se puso como meta el gobierno federal, algunos de ellos fueron el huevo con 34 por ciento, aceite con 32 por ciento, pollo con 15 por ciento, chuletas de cerdo con 8 por ciento, jitomate con 10 por ciento y la leche con 13 por ciento, ocasionando que la canasta básica en el mes de agosto fuera 14 por ciento más cara que en el mismo mes del año pasado.
La proyección del precio de la canasta básica anunciado como meta por parte del gobierno federal en el relanzamiento del Pacic debe ser de mil 39 pesos para febrero de 2023, pero los datos del Coneval indican que una persona para cubrir sus necesidades básicas alimentarias necesita 2 mil pesos mensuales en zonas urbanas y mil 600 en zonas rurales, esto contando los estragos inflacionarios en los alimentos, por lo que los datos que dan en Palacio Nacional distan mucho de la realidad social en la que viven las familias mexicanas.
El gobierno federal parece no entender que la mejor manera de enfrentar la inflación es atraer la inversión pública y privada, invertir mayor presupuesto en puntos estratégicos como lo son la creación de Mipymes y en las actividades del sector primario, así como impulsar la creación de política públicas de mediano y largo plazos que incentive la producción nacional del sector agropecuario y la oferta de mercado.