Ya cundió el mal ejemplo entre los funcionarios de la 4T y organismos supuestamente autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de culpar a los medios de comunicación y a las “benditas redes sociales” de la incapacidad que tienen para cumplir con las responsabilidades conferidas por la Carta Magna.
Entre evasiones, culpar a otros y mentir, se la viven los actuales funcionarios públicos, quienes encabezados por el propio presidente, no atinan a resolver los problemas más acuciantes por los que transita México.
Uno de los organismos pilares de la democracia, encargado de velar por los derechos humanos, tiene a una titular que no solo ha sido omisa en emitir recomendaciones para preservar los derechos fundamentales de los mexicanos, sino se ha vuelto una comparsa del jefe del Ejecutivo federal.
Al ingresar a San Lázaro para comparecer ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara baja, Rosario Piedra despotricó contra los medios de comunicación, porque, dijo, distorsionan todo: “es una comparecencia de lo que ha hecho la Comisión, porque hay mucha distorsión en los medios, y es lo que queremos informar verídicamente, no la infodemia que está circulando”.
Advirtió a su arribo al recinto que hablaría sobre la recomendación de la CNDH en materia electoral; “por ejemplo, esa es una de las cosas que voy a informar, y muchas otras más”.
En tiempos en que la defensa de los derechos humanos en el mundo vive momentos cruciales por la invasión rusa en Ucrania, la desbordante migración, la movilización de miles de desplazados y la imposición de regímenes dictatoriales en nuestro país, la CNDH brilla por su ausencia en temas torales como, por ejemplo, la protección a las mujeres y niñas o el control de vastas regiones del país por parte del crimen organizado.
La organización internacional Human Rights Watch ha advertido que la administración del presidente López Obrador mantiene la tendencia de sus antecesores, de registrar graves violaciones a los derechos humanos, hechos que suelen quedar impunes.
Torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género, ataques y asesinatos contra periodistas y defensores de los derechos humanos, han continuado durante el gobierno actual.
La militarización y la ampliación de facultades y tareas que tienen ahora las Fuerzas Armadas, son también caldo de cultivo para que exista una gran preocupación entre los observadores internacionales por lo que ocurre en México.
HRW ha puesto el dedo en la llaga, en el caso de la atención de en la pandemia de Covid-19 por parte del gobierno mexicano, ya que en su momento no aplicó las recomendaciones básicas, incluso, emitidas por la Organización Mundial de la Salud.
El resultado, más de 700 mil fallecimientos y que, buena parte de ellos, se pudo haber evitado. Si, por ejemplo, se hubiera acelerado la compra de vacunas y su inmediata aplicación o por lo menos, haber recomendado en su oportunidad el uso de cubrebocas, en lugar de burlarse del tema, al sugerir que con “estampas de santos” era más que suficiente.
Las diversas instituciones de salud del sector público, como la Secretaría de Salud, que comandan Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell; así como el Insabi, IMSS e ISSSTE, tienen mucho que explicar en cuanto a sus malas decisiones, ineptitud y negligencia en el incumplimiento de sus responsabilidades y que, por lo menos, la CNDH debió haber señalado, ya que, incluso, las omisiones de los titulares de esas dependencias fueron del ámbito penal.
López-Gatell y el ‘secretario Vick Vaporub’, como es conocido Alcocer, por recomendar este producto a los niños para que sanaran de Covid-19, en lugar de vacunarlos de inmediato como ocurrió en gran parte del orbe, se pasean campantes libres de toda acusación, por el momento, mientras que, en otros países, han sancionado a los funcionarios de salud que fueron omisos en proteger a la población.
Si alguien desea conocer sobre cómo no debe funcionar un organismo de derechos humanos, solo debe darse una vueltecita por el organismo que dirige una Piedra y se dará cuenta de la crisis que se vive en México en ese tema.
Bien que los servidores públicos con un cargo relevante acudan a rendir cuentas ante el Poder Legislativo, mal que muchos de ellos solo van a mentir o a culpar a todos, en lugar de reconocer sus limitaciones.
Lo relevante de las comparecencias o reuniones de trabajo de los funcionarios ante los legisladores, son los señalamientos que hacen los representantes populares, en cuanto a las deficiencias de las dependencias y, sobre todo, las respuestas e informes de esos integrantes de la 4T.