Se viven tiempos cruciales para la República y la democracia, por la obstinación del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacerse del control del aparato electoral conformado por el INE y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para mantener en el poder a su proyecto político más allá de 2024.
El presidente no se conforma con ganar las elecciones presidenciales de 2024, con base en su supuesta popularidad o la de sus corcholatas. Tampoco está satisfecho con dejar al INE con su autonomía e independencia y menos al Tribunal Electoral, instancia en donde se dirimen los conflictos electorales y se califican los comicios, y menos soltar el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde están los ministros en un proceso interno para seleccionar a su nuevo presidente que comandará al máximo tribunal por los próximos cuatro años.
El eje de control que quiere ejercer AMLO para establecer una nueva dictadura perfecta como en los mejores tiempos del PRI y que le permitieron mantener el poder por más de siete décadas, se basa en su reforma electoral mejor conocida como su plan B, que está diseñado aún con la rasurada que está haciendo el Senado de la República, para adelgazar la estructura operativa del INE que lo vuelva inoperante, al igual que al TEPJF y a los tribunales electorales de las entidades federativas, y con ello quitarle a los ciudadanos a las dos instituciones en las que se sostiene la democracia mexicana.
El plan B de AMLO es un catálogo para instaurar la democracia dejando, incluso sin valor el voto ciudadano al controlar al nuevo INE y a los tribunales electorales.
Sin estas dos instancias, AMLO sabe que existen grandes posibilidades de que pierda la presidencia su corcholata favorita y con ello vendría la hecatombe, tanto para él como para su familia y allegados.
Además, para cerrar la trípode de instituciones que se requieren para mantener el autoritarismo, ha mandado a todo tipo de emisarios para intervenir abiertamente en el proceso sucesorio de Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte, para que elijan a la ministra Yazmín Esquivel Mossa, esposa de uno de los contratistas más cercanos de AMLO, José María Riobóo.
Como se aprecia, la estrategia del principal huésped de Palacio Nacional se despliega a toda su capacidad y estará más activa en la última quincena de este año y el mes de enero del siguiente para afianzar las bases de la dictadura.
Desde luego, en este perverso plan inciden para detenerlo múltiples factores que van desde la recalcitrante oposición que se fortalece en el Congreso, hasta la movilización ciudadana como ocurrió con la marcha del pasado 13 de noviembre; ello, sin dejar de mencionar la relevancia que tienen los observadores internacionales como el gobierno estadounidense, pasando por la Comunidad Europea y los organismos protectores de la democracia y de los derechos humanos.
En este juego de vencidas se ha embarcado el presidente López Obrador, porque desde su perspectiva no tiene la certeza de ganar en 2024 y por ello, pretende asegurar los resultados a su favor, tomando el control de las instancias electorales y de la Suprema Corte.
Como una reseña sacada de una película de terror, es el periplo que ha tomado la reforma electoral de López Obrador, ya que de un rechazo contundente en el Congreso por la oposición que impidió que los oficialistas alcanzaran la mayoría calificada, se pasó al plan B, que a todas luces en una buena parte de su contenido, es inconstitucional y por ende la SCJN tendrá que desecharlo.
Sin embargo, en tiempos en que todo puede pasar, la moneda está en el aire y solo un arrebato de congruencia y de responsabilidad histórica de Ricardo Monreal y senadores de Morena que lo acompañan, podrían impedir que el plan B avance su camino de retorno a la colegisladora para ser aprobado de inmediato, aunque no lo lean los diputados de Morena, PT y Verde.
Ante este escenario, será la SCJN quien dirima la controversia y reestablezca el orden constitucional.
Todos los actores de las fuerzas políticas saben que son momentos cruciales para la vida democrática y en esa lógica, están los que quieren mantenerse eternamente ‘mamando de la ubre’ presupuestal y los que defienden a la incipiente democracia mexicana.
La madre de todas las reformas de AMLO entró al Congreso por la puerta de atrás, disfrazada de un plan B, que a todas luces viola la Carta Magna y que, de no ocurrir un milagro en la Cámara de Senadores o en el máximo tribunal del país, condenará a los mexicanos a mantenerse en la pobreza y la marginación con un Estado transgresor de sus derechos humanos y de sus libertades.