Trascendente que se reúnan los tres presidentes de América del Norte para atender diversos temas de la agenda trilateral, sin embargo, la visión que tienen Joe Biden y Justin Trudeau sobre energías limpias, desarrollo económico de la región, migración y el combate al trasiego de drogas, principalmente de fentanilo, no son similares a las que maneja Andrés Manuel López Obrador y por ello, los resultados tangibles de la cumbre se disiparán con el paso del tiempo.
Yo no creo que el presidente mexicano cambie su cosmovisión política en torno al manejo de los energéticos y a la apertura que se debe dar al capital privado para invertir en este sector, y menos dejar atrás el consumo de combustóleo y carbón para darle preeminencia a las energías limpias.
De igual manera, su política de “abrazos, no balazos” se mantendrá durante toda la gestión en detrimento del Estado de derecho y el orden constitucional.
Es decir, el avance del narcoterrorismo y el control que han impuesto los criminales en vastas zonas del territorio nacional, seguirán mientras no cambie el modelo político que impulsa AMLO.
Simplemente, en el caso de Ovidio Guzmán se hará todo lo posible para evitar su extradición a Estados Unidos, merced a triquiñuelas legaloides que ponen en evidencia la falta de voluntad política del gobierno de la 4T para que ello ocurra.
El tráfico de drogas de nuestro país hacia Norteamérica es alarmante y ahora con la droga de la muerte como es el fentanilo, pues a diario ocurren cientos de muertes en aquellos lares.
Joe Biden aceptó asistir a la cumbre para establecer la exigencia de su gobierno en torno a esta droga y en general a enfatizar su reclamo por el crecimiento de los cárteles mexicanos, que ya representan una seria amenaza para la seguridad interior de Estados Unidos.
Desde luego, la migración irregular hacia Estados Unidos es el otro tema de relevancia en la agenda de nuestros vecinos del norte y en donde el gobierno de AMLO juega un papel determinante tanto para regularizar los flujos migratorios, como para convertirse en un tercer país seguro, para albergar a los migrantes en tránsito hacia EU.
Para López Obrador, es fácil culpar al gobierno estadounidense por la migración irregular, a tal grado de exigir que los americanos destinen más recursos económicos a Centroamérica y el Caribe, a lo que Joe Biden se opuso, porque los gobiernos locales solo extienden la mano, pero no hacen gran cosa para generar fuentes de trabajo y condiciones mínimas de seguridad pública para que esos migrantes no abandonen sus lugares de origen.
Desde luego, el tema es muy complejo y tiene múltiples aristas para encontrar una solución, empero, insistimos, la visión de AMLO se contrapone con la de sus homólogos.
Desde que asumió la presidencia, López Obrador ha buscado abanderar la causa de América Latina frente al “imperialismo”, pero ello no solo no ha sido posible, sino que México ha perdido fuerza en la región.
Cuáles serán las cuentas que entregará el mandatario mexicano al término de su gestión en torno a la relación con Estados Unidos y Canadá. Seguramente serán negativas en virtud de que es incompatible la visión de un político que es un miembro preeminente del Foro de Sao Paulo, instancia política regional que se opone al avance del “imperialismo yanqui y de los regímenes democráticos”.
El discurso de AMLO en torno a la inequidad social de la región es repetitivo, y hasta grosero al exigir dólares a Estados Unidos, cuando los gobiernos locales como el de México, generan más pobreza y marginación.
Ahora resulta que el desastre que está dejando la 4T es culpa de la Casa Blanca.
Seriedad, señores.
Eso de culpar a otros de nuestros propios yerros es muy propio de AMLO y no solo en el reparto de culpas hacia nuestros vecinos del norte, sino hacia el pasado y el “conservadurismo”.
Será culpa de los gringos el estrangulamiento de las finanzas públicas mexicanas, al destinar la mayor parte de los recursos públicos al aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya; así como para fondear los programas de asistencia social con tintes electorales y que obliga al gobierno a contratar deuda pública en niveles inéditos. Simplemente para este año, en el Congreso, Morena y sus aliados le autorizaron al presidente un techo de endeudamiento de 1.3 billones de pesos.
Y de la democracia mexicana mejor no hablamos, ya que es evidente la estrategia del gobierno para debilitarla al pulverizar al INE y a los tribunales electorales, amén de pretender aniquilar a la oposición mediante reformas a leyes secundarias que impidan tener representación suficiente en el Congreso.