El terremoto ocurrido en Turquía y Siria es solo un doloroso recordatorio sobre la vulnerabilidad del ser humano ante los embates de la naturaleza, y también es un llamado a seguir trabajando en México en la cultura de la prevención y en el establecimiento de políticas públicas, sustentadas en partidas presupuestales etiquetadas para apoyar a la población afectada y a la reconstrucción de las áreas afectadas.
Con la práctica cotidiana de los simulacros, se deben seguir ajustando los reglamentos de construcción, tanto de las edificaciones como de la propia infraestructura, al tiempo de regular el crecimiento urbano.
Como sabemos, al país lo cruzan diversas placas tectónicas que ponen en riesgo no solo a los habitantes de las regiones más pobres del país, sino a grandes ciudades como es el caso de la CDMX y su zona conurbada, por lo que es una prioridad estar lo mejor preparados para mitigar los efectos de una gran contingencia natural.
Estamos ubicados sobre cinco placas tectónicas: Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos, por lo tanto en una zona de alta sismicidad.
La República Mexicana se caracteriza geológicamente por su gran actividad sísmica y volcánica y su ubicación en el Cinturón de Fuego, que provoca que se registre gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial.
Lo ocurrido en Turquía y Siria no es ajeno a ninguna región del mundo expuesta a los temblores y terremotos, por lo que, además de enviar ayuda humanitaria a la región afectada, obliga a las autoridades mexicanas a realizar una revisión sistemática de los tres niveles de gobierno para tener actualizado el Atlas de Riesgos y los programas de apoyo para la protección de la población.
En la administración del presidente López Obrador vamos como los cangrejos en materia de protección civil, ya que desapareció el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el de la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).
A través de depósitos hechos en 2021, Banobras, que era el encargado de administrar el dinero para atender emergencias provocadas por lluvias, huracanes, terremotos, temblores, incendios y otros desastres naturales; canalizó los recursos de esos fondos —que en el momento de su extinción era de más de 25 mil millones de pesos— a la SHCP y con ello, se terminó con la posibilidad de tener recursos presupuestales para auxiliar a los mexicanos en desgracia, causada por esas contingencias.
La Organización Mundial de la Salud asegura que por cada peso que se invierte en prevención de desastres se ahorran hasta 10 en reconstrucción. México invierte 23 veces más en la reconstrucción de catástrofes que en prevenirlas.
La ley de las probabilidades indica que en cualquier momento los temblores que ocurren a diario en buena parte del país, serán más intensos, incluso a niveles de catalogarlos como terremotos, ante esta real posibilidad, el gobierno mexicano ha bajado la guardia para proteger a la población y establecer diversos fondos y fideicomisos para canalizarlos a la reconstrucción.
El deseo de todos es que no haya movimientos telúricos de gran intensidad, empero ello es poco probable, por eso, desde el Congreso, en los tiempos que se analiza el Paquete Económico, debe etiquetar las partidas presupuestales para tal efecto.
Ya sabemos que AMLO no quiere que se distraigan recursos públicos en programas y obras que no son las que él catalogó como prioritarias, como sus tres obras insignia, el AIFA, Dos Bocas y Tren Maya, así como el fondeo para sus programas de política social con tintes electorales.
De hecho, estos programas y obras han puesto al borde de la quiebra financiera a su gobierno porque ha comprometido el dinero público en el pago creciente, por ejemplo, de las pensiones, en donde se incluye la pensión para los adultos mayores.
Como se aprecia, por lo menos hasta 2024, no tendrá el gobierno ni el dinero ni la voluntad política para establecer nuevos fondos o fideicomisos para captar recursos en apoyo a la gente ante los embates de la naturaleza, como los sismos.
Esperemos que en estos meses que faltan para concluir la administración de AMLO, no haya ningún terremoto o algún temblor de cierta intensidad, porque entonces sí, además de los daños provocados por el movimiento telúrico, estarán las afectaciones por la negligencia, omisión e ineptitud del gobierno autodenominado como de la cuarta transformación.