Con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a que los comicios del Estado de México y Coahuila se realicen sin la entrada en vigor del plan B, se abre un importante antecedente para que en las elecciones de 2024 ocurra lo mismo, ya que se debe prevenir una violación de derechos irreversible y por ello se frenó la aplicación de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La Sala Especializada del TEPJF determinó que el plan B de la reforma electoral no podrá aplicarse en los comicios de esas dos entidades, debido a que incumple con lo que marca el artículo 105 de la Constitución en relación a la regla de los 90 días para ser aplicada en un proceso electoral.
Desde luego, este pronunciamiento corresponde solo a una parte del plan B, ya que el Senado aprobó el pasado miércoles la parte sustancial en la cual se reformaron 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El plan B mutila al INE y pone en riesgo la operación de las próximas elecciones porque valida el despido de casi 6 mil funcionarios de base, que representan una tercera parte de los recursos humanos con los que cuenta, y que corresponden a personas que trabajan para organizar las elecciones.
Con la aprobación de estas leyes secundarias, el gobierno tendría acceso a las listas de electores, lo que vulnera nuestros datos personales y abre la posibilidad a que sean usados con fines distintos a los establecidos.
Permite que los funcionarios y candidatos puedan usar los recursos públicos para hacer campaña sin ser sancionados. Básicamente, la modificación del oficialismo está diseñada para mantener en el poder a Morena y sus aliados.
El árbitro del proceso electoral está a punto de ser expulsado para poner al gobierno en su lugar, mismo que será juez y parte en las elecciones de 2024.
Ante la inminente promulgación de esta reforma, los senadores del bloque opositor conformado por PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cuanto suceda ello, la ‘papa caliente’ estará en la cocina del máximo tribunal y dependerá de su resolución la viabilidad de las elecciones y por supuesto la vigencia del régimen democrático.
En el fondo del asunto, está la encarnizada defensa por mantener el poder por parte del presidente López Obrador, quien no se fía de que la corcholata elegida gane la elección presidencial, por ello quiere un INE y un Tribunal Electoral acotados en sus funciones y a modo para que el Ejecutivo organice e incluso califique los comicios presidenciales.
Sabe AMLO que existe una enorme posibilidad de que Morena gobierne al país solo por seis años, debido a que la sociedad civil que lucía adormilada y pasiva, despertó ante la pretensión de desaparecer al INE y con ello resquebrajar la democracia para darle paso al totalitarismo.
Los aires de independencia y autonomía que campean en la Suprema Corte, con el arribo de la ministra Norma Piña a la presidencia, soplan para que prevalezca el orden constitucional y ello significa que frenarán el plan B de la reforma electoral.
Debemos decirlo con todas sus letras, la reforma electoral del presidente López Obrador nació muerta, ya que el plan A no alcanzó la mayoría calificada en el Congreso y por ello crearon un Frankenstein electoral denominado plan B, que no es otra cosa que una serie de modificaciones a seis leyes electorales que solo requerían la mayoría simple de los legisladores federales.
Lo observado durante el debate de la reforma electoral en el Senado, es tan solo un reflejo de lo que ocurre en el país; la polarización y enconos a flor de piel, en donde los argumentos cedieron ante el paso de las injurias y los insultos personales.
Da tristeza observar en qué ha convertido el presidente López Obrador a México, ya que los que no están con él, son sus enemigos, a decir del mismo mandatario.
Los marchistas del domingo son repudiados por AMLO, a tal nivel de endilgarles toda clase de epítetos para desacreditarlos y desalentarlos a asistir, empero esto ha servido como acicate para que el movimiento se haya extendido a más de 90 ciudades y otras tantas en el extranjero.
El reto de la sociedad civil es llenar el Zócalo y sobre todo, plantarse a las afueras de la que ahora es casa del jefe del Ejecutivo federal, Palacio Nacional, para que retumben las paredes de la vetusta edificación con las arengas de miles de manifestantes en defensa de sus derechos fundamentales y del respeto a la Constitución.