El próximo fin de semana veremos la versión chafa de una manifestación a favor del actual régimen, patrocinada con recursos públicos para defender la soberanía energética que promueve el gobierno de la 4T, una estatización real que impide la participación de empresas privadas extranjeras, contrario a lo que mandata el tratado de libre comercio, el T-MEC, signado por el presidente López Obrador con Estados Unidos y Canadá y que por esa violación flagrante se abrirá el panel de controversias.
La postura estatista del presidente López Obrador y de dos de sus colaboradores “estrella”, Octavio Romero, de Pemex y Manuel Bartlett, de la CFE, atenta contra la viabilidad de esas dos empresas productivas del Estado, al asfixiar sus finanzas al impedir la entrada de capital privado como inversión, por ejemplo, en la generación de energías sustentables que permitan abaratar la energía eléctrica.
Si Pemex estaba mal, en la actual gestión se puso peor y aunque aparentemente sus pasivos de corto plazo los está cubriendo el gobierno federal, lo cierto es que la deuda que arrastra y el pago de los intereses son una espada de Damocles que pende sobre la exparaestatal.
La producción va en franca decadencia y el deterioro de sus principales instalaciones como las refinerías, va en aumento al carecer del mantenimiento mayor.
La inflación y las altas tasas de interés han puesto a Petróleos Mexicanos en un punto crítico, en donde sus pasivos superan por mucho a sus activos circulantes y ello provocará una crisis de dimensiones mayúsculas de alcances mundiales.
Esto es lo que van a celebrar los marchistas que “a güevo” acudirán al Zócalo para defender la soberanía energética, “que está en peligro” precisamente por aquellos que promueven la concentración.
AMLO pretende contrarrestar los efectos de la movilización ciudadana del pasado 26 de febrero en más de cien ciudades del país y el extranjero, con un mitin de acarreados que en pleno puente vacacional, los obligarán o les pagarán para llenar la principal plaza pública del país y con ello, los panegíricos y el aparato gubernamental de propaganda, se encargarán de divulgar que fue mayor que las marchas que congregaron a cientos de miles de mexicanos en febrero y el 8 de marzo.
Poco se ha escrito de las marchas que se organizaron el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que en México alcanzaron cifras inéditas en cuanto al número de asistentes; este movimiento ha tenido un fuerte impacto en diversos ámbitos y sectores, donde está restringida la participación de las mujeres en puestos de dirección.
Los mexicanos no somos dejados y menos cuando están en peligro la democracia y los derechos humanos o cuando la violencia acaba con miles de vidas de mujeres o las desaparece.
Entre la trata de personas, el tráfico de drogas, el machismo, la misoginia y la violencia intrafamiliar, las mujeres se ven atacadas ahora más que nunca.
Pero no nos desviemos del tema central de esta columna, el fracaso de la 4T para sacar a Pemex y CFE del atolladero por el que transitan.
Hace apenas unas semanas el director de la petrolera, Romero Oropeza, volvió a mentir al señalar que México alcanzará en esta administración la soberanía energética en gasolinas, al satisfacer la demanda nacional y con ello dejar de importarlas.
Si consideramos que las refinerías que están operando, no refinan más allá de 30 por ciento de las gasolinas que consume el mercado nacional y cuando entre en operación Dos Bocas —si es que algún día lo hace a plenitud— y con Deer Park, apenas se alcanzará a cubrir 60 por ciento de la demanda.
Gracias al gobierno de la 4T y por la pésima dirección de Octavio Romero al frente de Pemex, durante el año pasado no se obtuvieron las ganancias que tuvieron las grandes empresas petroleras del mundo, y ello habla de la ineptitud que prevalece en la dirección de Petróleos Mexicanos.
Esto es lo que van a defender los acarreados a la concentración organizada por el gobierno de la 4T.
Y por si fuera poco, el maltrato, el menosprecio y el despido injustificado de trabajadores de Pemex, son otra característica de la mano dura de Romero Oropeza, quien en represalia por salir a pelar sus derechos y prestaciones laborales, despidió a una treintena de médicos y enfermeras.
Desde San Lázaro, la diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI) y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), integrantes de la Comisión de Salud, condenaron a Pemex por despedir a más de 30 médicos residentes injustamente, por levantar la voz y exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.
El pasado 15 de diciembre Pemex redujo en 83 por ciento el aguinaldo de estos médicos, lo que derivó en protestas y demandas y en represalia no se renovaron sus contratos.