En momentos en que el autoritarismo avasalla todo, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a impedir que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), representa una decisión histórica, en virtud de que se garantiza evitar la militarización y con ello, los daños colaterales contra civiles, como ocurrió en Nuevo Laredo y en general por la violación sistemática a los derechos humanos de los ciudadanos.
Seguramente el presidente López Obrador y adeptos, se rasgarán las vestiduras por la declaratoria de inconstitucionalidad de la SCJN en relación a la militarización de la Guardia Nacional, empero, no se debe pasar por alto que los ministros del máximo tribunal basaron su determinación con pleno respeto a la Constitución, particularmente en el artículo 21, en donde textualmente se lee: “la Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios… La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Por lo tanto, se anula la transferencia a la Sedena de la Guardia Nacional y se reitera la disposición de tener un mando civil, que en este caso es la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, mientras el presidente no designe a un civil en esas tareas.
Más allá de la relevancia de la decisión de la SCJN, se debe resaltar el hecho de que la Corte haya recobrado su autonomía e independencia, luego de que en la primera parte del sexenio de AMLO, sucedía lo contrario con el ministro presidente Arturo Zaldívar, quien se plegó a los designios del Ejecutivo federal.
Ahora, bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, la Corte está recuperando la credibilidad y sobre todo, insistimos, su autonomía e independencia, condiciones indispensables para establecer el respeto al orden constitucional.
Los argumentos esgrimidos de que la SCJN aplica criterios políticos en sus determinaciones son falsos y tendenciosos, que buscan desacreditarla, sin embargo, esos insultos solo han causado entre la ciudadanía, que se valore aún más el trabajo de la Suprema Corte.
En tiempos en que López Obrador andaba en campaña, se desgañitaba contra el gobierno en turno por mantener al Ejército en las calles, pero luego cuando llegó al poder, no solo mantuvo a la milicia alejada de los cuarteles, sino que les ha dado más poder, además de establecer el mando operativo sobre la Guardia Nacional.
La militarización con López Obrador es un hecho, aunque ahora, para fortuna de los mexicanos y de las próximas generaciones, la Corte ha revertido esa decisión.
El enojo, por decirlo de forma elegante, del presidente López Obrador es de pronóstico reservado, por ello, no es difícil predecir que los ataques contra los ocho ministros que votaron por la declaratoria de inconstitucionalidad, se recrudecerán y que, por desgracia, los adeptos de la 4T se alinearán a tal postura.
La violencia y beligerancia mostrada por las huestes obradoristas en el evento del Zócalo, el pasado 18 de marzo, en donde quemaron una piñata con la imagen de la ministra presidenta Norma Piña, seguirá en aumento porque así lo ha dispuesto su tlatoani.
Pedirle respeto y altura de miras al tabasqueño es como pedirle peras al Olmo.
Si de por sí, de unos meses para acá, el presidente no deja títere con cabeza, más ahora que trae pleito cazado contra las agencias de inteligencia y de control de drogas de Estados Unidos, cuantimás con el fallo reciente de la SCJN y por ello, seguramente se exacerbarán más los ánimos presidenciales.
Los ocho ministros que están alineados al orden constitucional de la SCJN, representan un contrapeso auténtico a esa incipiente dictadura que buscaba tomar vuelo con acciones inconstitucionales como la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena o la implementación del plan B de la reforma electoral promovida por AMLO.
Son tiempos en que debemos estar atentos a lo que ocurre en Palacio Nacional, sobre todo con vistas al término de la actual administración y los comicios de 2024, en los cuales se elegirá al próximo presidente de la República.
No debemos olvidar, por otra parte, que el Ejército también es pueblo y como tal debe actuar conforme a los intereses de la nación y de México.