El auditor superior de la Federación, David Colmenares, se quedó corto en las auditorías que realizó a los programas de política social-electoral de AMLO en lo que respecta a profundizar las auditorías en la medida que se detectan serias irregularidades que, incluso, ameritan denuncias penales.
El caso de las anomalías detectadas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se detectaron beneficiarios fallecidos, empresas fantasma que “reportaron afiliaciones de los jóvenes beneficiados”, carruseles de innumerables cobros de cientos de adscritos a este programa y otras tantas formas de quedarse con esos recursos públicos y cuya responsable en el periodo auditado 2019-2022 fue la hoy flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien en ese entonces fungía como titular la de Secretaría del Trabajo.
También se entregaron recursos a jóvenes que estaban inscritos en otros programas sociales o cobraban como Servidores de la Nación o bien tenían otros empleos dentro de la Administración Pública Federal y el sector privado.
La diputada federal María Elena Pérez-Jaén presentó antier 29 denuncias en la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades en este programa.
Las observaciones alcanzan un monto de 170 millones de pesos durante los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021, los cuales fueron reportados por la Auditoría Superior de la Federación.
Alcalde estuvo al frente de la Secretaría del Trabajo del 1 de diciembre de 2018 al 19 de junio pasado y tuvo a su cargo este programa que otorga una beca mensual a jóvenes de entre 18 y 29 años para que durante un año se capaciten en centros laborales.
Reza la publicidad oficial relativo a este estímulo, que se trata de uno de los programas para el bienestar que impulsa el gobierno de la 4T, con el que se brinda durante 12 meses capacitación gratuita en empresas y centros de trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no estén estudiando o que no cuenten con un trabajo. Durante la capacitación reciben un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que en este año es de 6 mil 310 pesos.
Además, los beneficiarios son acreedores a un seguro médico del IMSS.
Luego de ese año, los aprendices recibirán un documento en donde se acredita sus nuevas habilidades y en caso de no ser contratados por el centro de trabajo donde se les adiestró, se le ofrecerán otras opciones que le facilite su incorporación en el mercado laboral.
La práctica de incorporar a beneficiarios fallecidos en los programas de política asistencial con tintes electorales de AMLO, es más común de lo que se cree en esta administración y no solo eso, ya que como se recordará, se inflaron las cifras de los participantes en la revocación de mandato del presidente, con mexicanos que ya habían fallecido, según reportes del INE.
El Consejo General del Instituto Electoral determinó sancionar el 30 de marzo de 2023 a la Asociación Civil ‘Que Siga la Democracia’, luego de haber entregado información falsa consistente en 14 mil 940 firmas de personas fallecidas, utilizadas para validar el ejercicio de la revocación de mandato.
El presidente armó esta faramalla para pedirle primero a sus adeptos que firmarán para promover la consulta popular para revocar su mandato, para luego, ellos mismos, votar para que no se fuera.
En toda esta farsa de consulta participativa, no solo intervino el gobierno de la 4T para movilizar a sus adeptos, sino incluso Morena y sus rémoras, así como organizaciones civiles patitos para recabar las firmas requeridas donde se encontró que muchos muertos acudieron a emitir su voto.
Lo mismo ocurre con los difuntos que construyen el futuro.
La diputada Pérez-Jaén advirtió que la única auditoría de desempeño que hizo el órgano auditor que comanda David Colmenares se realizó en 2019.
Los desencuentros entre estos dos personajes son de sobra conocidos y parte del hecho que el auditor ha sido omiso, por decirlo de manera elegante, en “procesar” los resultados de las revisiones de la cuenta pública de los últimos cuatro años, en donde el sesgo en favor del partido en el poder es una constante, según lo denunciado por la diputada federal panista.
De hecho, existe un enorme descontento entre los auditores de carrera que laboran en la Auditoría Superior de la Federación por la descalificación que hace su titular de sus investigaciones, producto de las auditorías que han realizado y que se maquillan en favor del gobierno del presidente López Obrador.
En el Congreso, así como hay representantes populares del oficialismo que le traen marcaje personal al auditor general para impedir que se transparente la corrupción que prevalece en la 4T, también hay aquellos que lo vigilan con lupa, como es precisamente la diputada María Elena Pérez-Jaén.