El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Eduardo Ramírez, quien por cierto, aspira a ser el candidato de Morena para reestablecer el Estado de derecho en Chiapas, se pasa de “vivo”, ya que, por un lado, asevera que la Cámara alta cumplirá con la resolución de la SCJN sobre los nombramientos pendientes en el INAI; pero por otro, afirma entre líneas que no pasarán los nombramientos en virtud de que será la mayoría calificada la que decida y esto depende de los consensos que alcancen los grupos parlamentarios, lo que significa que el INAI seguirá sesionando en las condiciones que está y al rato que deje el cargo su presidenta, Blanca Lilia Ibarra —porque se termina su gestión en diciembre de este año—, pues solo quedarán tres comisionados.
Vamos por partes; si para el presidente López Obrador, el INAI es una institución que debe desaparecer por inútil, para la mayoría oficialista en el Senado representa una orden, para que se pasen por el arco del triunfo el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la Cámara de Senadores, para que nombre a los tres comisionados que faltan, antes del 15 de diciembre y con ello, el Consejo General de ese instituto sesione.
Merced a medidas legaloides y tramposas, los senadores de Morena, PT, PVEM y PES, harán todo lo posible para rechazar las nuevas ternas que se les propongan y con ello dejar sin el quorum que exige la ley para que el Consejo General del INAI trabaje plenamente, aunque lo hacen en estos momentos porque así se lo autorizó el máximo tribunal mediante un acuerdo transitorio que permite sesionar con menos de cinco comisionados.
La opacidad es uno de los estigmas que tiene el gobierno de AMLO. Esta aseveración se confirma con el deseo presidencial de desaparecer al INAI, porque le estorban los contrapesos institucionales que buscan la transparencia y la exigencia a que el gobierno federal se abra al escrutinio ciudadano, tal como ocurre con los regímenes democráticos del mundo.
En el discurso, el presidente López Obrador se autodefine como un auténtico demócrata, sin embargo, en los hechos y a juzgar el desempeño de su gobierno, pues la 4T se observa más apegado a una dictadura que a un régimen democrático y ello es motivo para que los organismos internacionales de derechos humanos y respeto a la democracia, tienen las alertas prendidas por lo que sucede en México.
Si López Obrador tuviera una auténtica vocación democrática, sería el primero en defender al INAI y a la integración completa de su consejo general, empero, ocurre exactamente lo contrario.
La Cámara alta es la arena política en donde se lleva a cabo la lucha por darle vida institucional al INAI, por un lado, está el bloque oficialista conformado por Morena y rémoras y por otro, el bloque opositor que está integrado por PAN, PRI, PRD y MC, y ambas fuerzas políticas por sí solas no alcanzan la mayoría calificada para buscar la autorización de los tres comisionados faltantes, por ello y por la línea presidencial a sus legisladores afines de “inhabilitar” al INAI, no hay forma de que en este sexenio salgan esos nombramientos.
Ya veremos cómo queda la conformación de la LVI Legislatura federal para que se avalen esos y otros nombramientos que están atorados en ambas cámaras legislativas, mientras tanto, observaremos más llamados de la SCJN para que se respete la ley y en contraparte, los legisladores afines al presidente López Obrador, harán como que la virgen les habla.
El hecho es que no habrá poder humano para hacer entender al “demócrata” de que es vital para la consolidación de la democracia mexicana, la transparencia y la rendición de cuentas.
Hay varios sectores de la sociedad que ven esto como un auténtico problema para el desarrollo institucional y democrático, toda vez que lastima que sea el propio presidente de México quien tenga una visión caprichosa y omisa para evitar que la ciudadanía tenga acceso a toda la información del gobierno, sobre todo la que tiene que ver con el ejercicio de los recursos públicos.
Por desgracia, esos ciudadanos informados son minoría, aunque cada vez más crece esa masa crítica de la sociedad que exige el cumplimiento del orden constitucional.
Esa sociedad activa y participativa es la que apoya a la precandidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, porque sencillamente se ha pronunciado por impulsar un gobierno transparente y que sea respetuoso de los contrapesos al Poder Ejecutivo, postura que, en la práctica, no lo hace el bloque oficialista.