Desde San Lázaro

No pasan Godoy ni Alcalde

Los opositores se mantienen firmes al rechazo de la reelección de Ernestina Godoy como fiscal general de la CDMX y de Bertha Alcalde como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dos piezas fundamentales para establecer el totalitarismo a nivel federal y en la Ciudad de México, están bloqueadas por los opositores al mantenerse firmes al rechazo de la reelección de Ernestina Godoy como fiscal general de la CDMX y de Bertha Alcalde como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las mayorías calificadas, que se requieren en ambos casos para superar el escollo opositor, no se alcanzaron por Morena y sus aliados en la Cámara de Senadores y en Congreso local, por lo que ha resultado un triunfo relevante para el PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural en la Cámara alta, en su propósito de detener por el momento el nombramiento de una empleada del Ejecutivo para integrarse al máximo tribunal; y al frenar la persecución política judicializada que padecen los azules en la capital por parte de Ernestina Godoy.

Qué sigue después de este revés para el oficialismo; primero, al rechazar la segunda terna de las suspirantes para ocupar el cargo que dejó vacante Arturo Zaldívar, el presidente ya tiene vía libre para nombrar a la ministra a su gusto y con ello tener a tres subalternas en la Corte.

Esta derrota política del presidente, al no alcanzar los consensos necesarios en el Senado por la incapacidad de sus operadores en esta instancia, lo mantiene alejado de los nimios acuerdos que se requieren tener con los opositores para tener aceptables márgenes para asegurar la gobernabilidad.

En el México del siglo XXI, en donde prevalecen la pobreza y la marginación en más de la mitad de la población, se requiere contar con los instrumentos políticos e institucionales adecuados para evitar a toda costa que se desborde ese malestar que prevalece entre los mexicanos en violencia e inestabilidad social.

Ante este poco probable, pero viable escenario, el grupo en el poder requiere necesariamente tener abiertos los puentes de comunicación y de entendimiento con los opositores para que toda inconformidad se canalice a través de los cauces institucionales y no por otras vías que tanto daño han causado a México.

La imposición de la nueva ministra no abona en nada a la democracia y la propia gobernabilidad.

De igual manera, la pretensión de mantener en su cargo a Ernestina Godoy como fiscal de la capital representa un rompimiento de lanzas con los opositores, que, por cierto, gobiernan en nueve de las 16 alcaldías de la CMDX y, por lo tanto, el gobierno capitalino debe abocarse a mantener la estabilidad republicana para evitar un choque de trenes de consecuencias incalculables.

En nada sirve para los capitalinos que estén peleadas las autoridades del gobierno central y aliados contra los opositores y menos en la víspera de la elección en donde se escogerán a las nuevas autoridades capitalinas.

La soberbia y la sinrazón prevalecen en la actuación de Martí Batres, quien no se distingue precisamente por su tolerancia y capacidad de entendimiento con los opositores; al contrario, porta la camiseta de represor.

Después del virtual rechazo de la reelección de Godoy, se tiene que lanzar una convocatoria abierta a la sociedad para que se postulen otros perfiles que cumplan con los requisitos básicos que señala la normatividad respectiva y que demuestren fehacientemente que no tienen ningún sesgo partidista que posibilite contaminar sus decisiones en materia de procuración de justicia.

En tiempos en los que prevalecía el respeto al orden constitucional, se privilegiaba el diálogo y los acuerdos entre las diversas fuerzas políticas para sacar adelante los asuntos más importantes que impactan en la calidad de vida de los mexicanos, así se hubieran alcanzado los consensos para aprobar ambos nombramientos, pero ahora, ante el desprecio y la soberbia, pues no hay forma de que prosperen.

Y así seguirán las cosas por lo que resta del sexenio y con ello será cada vez más difícil encontrar soluciones a los graves problemas que se tienen como la inseguridad pública, la crisis económica y el sistema de salud y educativo, entre otros tantos temas que requieren un último esfuerzo por parte del presidente López Obrador.

La sociedad civil organizada está atenta a este tipo de escaramuzas e imposiciones de un régimen que quiere establecer una dictadura y la supresión de los derechos fundamentales de los mexicanos.

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