El reloj electoral avanza rumbo a las elecciones más grandes de la historia en México, en donde estarán en juego más de 20 mil puestos de representación popular, entre ellos, la presidencia de la República, nueve gubernaturas y el Congreso federal, pero no solo se trata de elegir a determinado candidato o candidata, sino de escoger entre la democracia y un régimen totalitario que atropella los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ya solo faltan cuatro meses para el 2 de junio y no obstante que el INE se declaró listo para organizar los comicios, la verdad es que en los temas sensibles de seguridad y de injerencia de los criminales en el proceso electoral, además del flujo de dinero del narco para apoyar candidaturas afines, queda mucho a deber, no solo por parte de los organismos electorales, sino las propias autoridades responsables de combatir estos delitos.
En momentos en que, incluso, se acusa al presidente López Obrador de recibir dinero proveniente del crimen organizado para apoyar su campaña en 2006, los propios magistrados del Tribunal Electoral advierten sobre la peligrosidad que representa esta injerencia de los criminales en el proceso electoral.
La DEA y las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen la suficiente información sobre los indicios de la intervención criminal y atan cabos para presentar las evidencias y las investigaciones ante los tribunales, no solo sobre las elecciones del pasado, sino, incluso, en las que se celebrarán dentro de 16 semanas.
Entonces, tenemos enfrente serias amenazas para la propia gobernabilidad, la democracia y la prevalencia del Estado de derecho; y qué hacen al respecto el presidente y su gobierno, pues simple y sencillamente siguen la política del avestruz, que consiste en soslayar los problemas, enterrar la cabeza para no verlos, y seguir disparando la pirotecnia desde Palacio Nacional para desviar la atención sobre los graves problemas y amenazas por las que transitamos.
El crimen organizado ha permeado en las principales estructuras de poder en América Latina, los casos de Ecuador, Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia y México son los más emblemáticos, y por ello se han encendido las alarmas en Washington ante la connivencia entre las estrategias de poder derivadas del Foro de São Paulo y los narcotraficantes.
Ya no se puede soslayar el problema y hacer como que aquí no intervendrán los malosos activamente en las elecciones de junio, como ha pasado en anteriores comicios; la omisión tiene implicaciones de índole penal.
Vivimos en un país de cínicos en el que la autoridad hace como que combate a la delincuencia, las autoridades electorales simulan que vigilan, que los aspirantes no transgredan las leyes respectivas y muchos candidatos se presentan ante el electorado como cándidas palomas que esconden el verdadero rostro de criminales.
El magistrado Felipe de la Mata alertó sobre la intervención del crimen organizado en el actual proceso electoral, por lo que apuró a las autoridades a implementar medidas urgentes para afrontar el problema, al tiempo de plantear la creación de un botón de pánico para los candidatos hostigados por la delincuencia, así como dar prioridad a las denuncias anónimas sobre el acosamiento por parte de los criminales.
El integrante del Tribunal Electoral, incluso planteó la necesidad de llevar a cabo campañas virtuales, en zonas y localidades donde los candidatos no pueden hacerlas de manera presencial, por las amenazas de los grupos de delincuentes que tienen el control de vastas regiones del territorio nacional.
De hecho, ya están definidos los mapas de riesgo con datos del sistema electoral, para que las autoridades de seguridad lleven a cabo operativos especiales con el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, con el fin de recobrar el control y garantizar la seguridad de los habitantes de esas regiones, para que el próximo 2 de junio acudan a las urnas sin presiones.
A estas alturas del partido, es decir, a cuatro meses de las elecciones, no se ha podido evitar que el financiamiento de procedencia ilícita siga ‘aceitando’ los bolsillos de algunos candidatos y sus estructuras partidistas.
De qué sirve que en la misma Constitución y diversos ordenamientos legales, prohíban expresamente este ilícito, si en los hechos, no solo se mantiene esa práctica, sino que los criminales ya tienen sus listas de candidatos afinadas —que, por cierto, son de procedencia partidista indistinta—, es decir, tal como se ha visto en el pasado, a los delincuentes no les importa de qué partido político provienen sus aliados, ellos cooptan parejo.
La injerencia de los criminales en los comicios incidirá en los resultados para definir a los ganadores, sin importar el nivel del cargo.