Por fin, se terminaron las campañas políticas (parece que duraron una eternidad) y ahora solo faltan tres días para acudir a las urnas y develar el gran misterio sobre ¿quién será la próxima presidenta? ¿Cómo estará conformado el Congreso federal? ¿Quiénes serán los próximos gobernadores en nueve entidades del país, entre otros 20 mil cargos de representación popular que estarán en juego?
Es deseable que la jornada electoral se lleve a cabo sin grandes contratiempos y que los niveles de votación superen el rango del 65 por ciento de la lista nominal, y sobre todo que se acepten los resultados, sin importar quién haya ganado, considerando que en democracia los triunfos y las derrotas no son eternos.
Con los resultados de los comicios, tendremos de inmediato varias lecturas que tienen que ver con la capacidad de las casas encuestadoras en torno a la realidad de sus estudios demoscópicos y la obligada intervención, no solo de las autoridades electorales en el tema, sino fiscales y de procuración de justicia, ya que hubo carretadas de dinero en efectivo para maicear los resultados a modo del que las ordenó hacer.
Otra lectura obligada de comicios es la abierta intervención del crimen organizado, ya no solo para apoyar con recursos económicos a candidatos, sino de seleccionar al ganador y apartar a los perdedores, ya con amenazas o con plomo. Para las fiscalías estatales y federal será tarea no muy complicada, descubrir qué candidatos fueron apoyados por los criminales. Tan solo se requiere voluntad política para hacerlo.
El rebase de los topes de campaña fue más que evidente del lado del oficialismo, ya que no solo hubo recursos públicos en estas, sino también de procedencia, llamémosle de procedencia desconocida.
Las leyes electorales sancionan con la anulación de la elección si se comprueba que se rebasaron los topes de campaña.
Sin duda, la candidata opositora, Xóchitl Gálvez, enfrentó una elección de Estado y a un presidente de la República convertido en jefe de campaña de Morena y rémoras.
Como se aprecia a vuelo de pájaro, existen diversos factores que bien podría llevar a los tribunales electorales y judiciales la definición de los candidatos ganadores; es decir, la elección presidencial, algunas gubernaturas y en varios distritos electorales, además de algunas presidencias municipales, se resolverán en los tribunales.
Hay que votar y defender ese voto a ultranza, ya que el respeto a la voluntad de las mayorías es piedra angular de la democracia.
Las elecciones mexicanas serán las más observadas internacionalmente en la historia de México, y ello de suyo, representa una garantía de que los resultados, si se apegan a la legalidad, serán respetados y avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside la magistrada Mónica Soto Fregoso.
Existe cierta preocupación fundamentada, sobre que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y su equipo de funcionarios que incorporó a ese instituto, tienen gran proclividad por la 4T y por esa sencilla razón, hay especial atención a su proceder, sobre todo cuando anuncie los primeros resultados que arroje el PREP.
La ciudadanización del INE costó muchos sacrificios, esfuerzo y vidas de auténticos demócratas que a lo largo de las últimas cuatro décadas se esforzaron para construir y fortalecer la democracia en el país. El haber arrebatado al gobierno la organización y el procesamiento de los votos para determinar a los ganadores, ha sido una significativa victoria a la que, de ninguna manera, hay que claudicar.
Los coletazos del autoritarismo están más fuertes que nunca y por ello, independientemente de los resultados electorales, es menester que la sociedad civil activa siga participando en las grandes decisiones que le dan rumbo a la nación.
Las elecciones del 2 de junio son tan solo otra página de la historia, ya que vendrán otros tiempos a partir del 1 de octubre, fecha en que será investida la nueva presidenta, y por la crisis que se vive en diversos rubros, será determinante su actuación inmediata y efectiva en temas como la seguridad pública, el Estado de derecho, las crisis en el sector salud, educativo, ambiental, hídrico, suficiencia energética y solvencia financiera para darle viabilidad a las finanzas públicas, que mantienen rangos muy acotados de liquidez y de recursos para cubrir los pasivos y el gasto corriente que se incrementaron de forma exponencial en esta administración.