Para la próxima presidenta será indispensable incorporar a los inversionistas privados en aquellos sectores de la economía que requieren grandes inversiones privadas para explotar el potencial energético, telecomunicaciones, infraestructura hídrica, carretera, ferrocarrilero y turismo, en otros tantos rubros que en este momento están en espera de recursos económicos frescos para su activación.
En caso de que gane Xóchitl Gálvez está claro que ella abrirá la puerta al capital privado para detonar el crecimiento económico y por ende la creación de nuevos empleos formales, empero en el caso de Claudia Sheinbaum, el panorama se vuelve incierto, toda vez que ha insistido en que se dedicará a construir el segundo piso de la transformación y ello implica que mantendrá la misma política de AMLO, lo que necesariamente significa mantener una visión estatista que conlleva las restricciones al capital privado.
Se han escuchado algunas voces de colaboradores cercanos a la doctora diciendo que su visión será más abierta e incluso se perfilan una serie de acciones que requieren necesariamente las inversiones público-privadas.
Entre los sindicatos de empresarios e inversionistas nacionales e internacionales existe un ánimo esperanzador en torno al nuevo gobierno que empezará a operar a partir del 1 de octubre de este año.
La International Chamber of Commerce México (ICC México), por ejemplo, ha hecho un llamado al próximo gobierno de México para terminar el distanciamiento con el sector privado y aprovechar las oportunidades de crecimiento, atracción de inversión extranjera directa y creación de empleos derivadas del fenómeno de la relocalización (nearshoring), además de resolver temas importantes como el acceso a energía limpia, capacitación de la fuerza laboral, desarrollo de las Pymes para incorporarlas al tren exportador y, sobre todo, el entorno de seguridad jurídica.
“Estamos recibiendo 36 mil millones de dólares de inversión extranjera; es una cifra récord, pero es prácticamente la misma que recibíamos al final del último sexenio. Estamos desaprovechando las ventajas de la relocalización hacia América del Norte, de la vecindad con Estados Unidos, del acceso irrestricto que nos da la red de 14 tratados con 50 países, mientras un país sin ninguna de estas ventajas, como es Brasil, está recibiendo alrededor de 60 mil millones de dólares”, destacó Kenneth Smith Ramos, vicepresidente del Grupo de Política Económica de la ICC México.
México debe generar las condiciones para cumplir con los tratados internacionales para generar certeza jurídica, fortalecer la relación con Estados Unidos dentro del T-MEC y, al mismo tiempo, generar las condiciones a nivel nacional en temas de infraestructura para que México sea cada vez más atractivo para la inversión y crecer en la relación comercial con Estados Unidos.
La guerra comercial entre EU y China y las barreras que nuestro vecino le está poniendo a China con los aranceles, generan aún más oportunidades para que México siga siendo un sustituto de China en la exportación de productos al mercado estadounidense. “Uno de los factores fundamentales para el desarrollo y futuro de México es garantizar el Estado de derecho. Es el ancla, el pilar de lo que nos va a permitir crecer hacia el futuro”, por lo que muchas de las propuestas para el gobierno de México 2024–2030 por la ICC México, van en ese sentido, advirtió Ricardo Ramírez, presidente de la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión de este organismo.
La próxima presidenta debe apoyar y ser una facilitadora para retomar el liderazgo de México en organizaciones económicas internacionales como la OMC, OCDE y APEC. “Es fundamental fortalecer la infraestructura y consolidar nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, especialmente en el contexto del T-MEC”, afirmó Ramírez, quien también abordó la importancia del cumplimiento del Estado de derecho. “México debe cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales, evitando la ley de la selva”, aseveró. Además, propuso fortalecer instituciones como el IFT y la Cofece para garantizar una competencia económica justa.
El combate a la corrupción debe ser una realidad y no una promesa de campaña más. Se debe fortalecer el marco normativo e institucional para combatir la corrupción porque es vital dotar de recursos adecuados a la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y reducir la discrecionalidad en el gasto público. Además, debe rescatarse la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones gubernamentales.
Se requiere mantener la autonomía de la división de poderes y fortalecer la seguridad nacional, especialmente en las carreteras.
La integridad empresarial y la reducción de riesgos son cruciales para el desarrollo sustentable de nuestro país, se debe fomentar la responsabilidad social empresarial, promoviendo estímulos a las empresas en temas ambientales, sociales y éticos.