La reforma judicial ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que significa que está vigente y con ello se desvanece el régimen democrático para dar paso a la dictadura.
El Poder Judicial será secuestrado por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ambos en manos de la presidenta electa, quien arrancará su administración con serios escollos; los más graves fueron puestos por López Obrador.
La reforma judicial tan solo será uno de los graves problemas que enfrentará la jefa del Ejecutivo federal, ya que, para su implementación y operación, tendrá primero que recobrar la confianza de los mercados y evitar la degradación de las calificadoras internacionales, amén de recomponer el rumbo, toda vez que en prácticamente todos los rubros como la seguridad pública, salud, educación, sustentabilidad, autosuficiencia energética, viabilidad financiera, rescate de Pemex y CFE, entre otros, existen indicadores negativos que son inéditos.
En este contexto, veremos el periplo que seguirá la instrumentación de la reforma judicial por un camino minado que tendrá que ser pavimentado a base de ajustes y leyes secundarias, para al final dejar un bodrio judicial que servirá para concentrar el poder en una sola persona, al tiempo de dejar en total indefensión a los ciudadanos y empresas que buscarán en esa instancia la resolución de sus controversias judiciales.
Con la promulgación de la reforma judicial, arrancan los procesos para la elección extraordinaria de 2025.
Se elegirán nueve ministros; cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; 15 magistrados de salas regionales; 820 jueces de distrito y magistrados de circuito, además de juzgadores locales en caso de elecciones locales.
Existen en el texto de la reforma judicial algunas fechas relevantes relativas a los plazos en los que se tendrán que llevar diversos trabajos: antes del 23 de septiembre debe efectuarse la sesión del Consejo General del INE para iniciar los trabajos preparativos.
Hasta el 16 de octubre, el Senado debe emitir la convocatoria para integrar listados de candidatos y antes del 15 de diciembre, el Congreso federal debe aprobar los cambios en leyes secundarias.
Para el siguiente año y a más tardar el 12 de febrero, debe conformarse la integración de comités de evaluación en cada poder para evaluar, filtrar y elegir aspirantes y candidatos (presidencia de manera directa, Congreso por mayoría calificada y SCJN por mayoría de seis votos).
Ya aprobadas las listas de candidatos, el Senado de la República deberá enviarlas al INE.
Por su parte, los congresos estatales deben aprobar cambios a leyes locales para adoptar la reforma judicial y esto debe ocurrir antes del 15 de marzo de 2025.
Del 30 de marzo al 28 de mayo, se abrirá el periodo de campañas de los candidatos, que como condicionantes para su desarrollo, existen diversas prohibiciones:
No tendrán financiamiento público ni privado; solo recibirán tiempos de radio y televisión para promocionarse. Podrán participar en foros y debates; además de que está prohibido para partidos políticos y funcionarios promover o atacar candidaturas.
El 1 de junio será el día de la elección extraordinaria y el elector recibirá, en teoría, seis boletas para emitir su voto para elegir a ministros de la SCJN; magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral; magistrados de salas regionales; jueces de distrito y magistrados de circuito y juzgadores (en caso de elección local).
Ante esta elección inédita, el INE deberá contar con el presupuesto suficiente para organizarla y procesar los resultados. Todo eso representa un reto mayúsculo, por el número de candidatos para todos los puestos de juzgadores que estarán en disputa.
Habrá que ver cómo el Instituto Nacional Electoral resolverá el problema de espacio en la boleta para jueces y magistrados de circuito y para llevar a cabo los cómputos de la elección, publicar resultados, dar constancias de mayoría y declarar la validez de la elección.
Antes del 28 de agosto, deberán quedar resueltas las impugnaciones y el 1 de septiembre, los juzgadores electos protestarán su cargo en el Senado.
Antes del 15 de septiembre los juzgadores electos serán adscritos al órgano judicial que corresponda.
Ninguno de los actuales consejeros del INE tiene claro el número de casillas; cantidad de funcionarios necesarios; proceso para agilizar el voto; mecanismos y sanciones para evitar el financiamiento ilegal y/o intervención de grupos fácticos.
O si los candidatos podrán contratar publicidad y/o promoverse en redes sociales con dinero propio.
Dice el oficialismo que el costo de la elección será cubierto por los fideicomisos del Poder Judicial y ello, de suyo, atenta contra sus trabajadores y prestaciones de los juzgadores.
Veremos cómo salen del problema los expertos jurídicos del régimen con la bomba de tiempo que dejará AMLO, en virtud de que será difícil compaginar la viabilidad de la reforma judicial en favor de los ciudadanos y mantener la independencia y autonomía de los jueces, además de preservar la figura del amparo velada por impartidores de justicia doctos e imparciales.