Por un capricho y venganza presidencial, se correrá en una primera etapa a 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito para dar paso a quien resulte ganador de una elección popular el próximo 1 de junio de 2025, y cuyos resultados desde ahora se pueden predecir, ya que serán electos impartidores de justicia afines al oficialismo.
Esto se determinó luego de echar un volado o, más precisos, de hacer girar la tómbola para determinar cuáles jueces serán los primeros corridos de un paquete de mil 700 que desde ahora ya pueden ir preparando sus maletas.
No serán despedidos de sus trabajos por ineptos o por corruptos, sino porque a AMLO se le dio la regalada gana de hacerlo y como así lo dispuso, pues no hay nadie en la actualidad que se oponga a tal medida.
Así que, señores, hagan sus apuestas, o preparen su tómbola para atinarle al nivel de participación que tendrá la ciudadanía en esta “mafufada” de elección que fue producto de complejos de inferioridad, capricho y el cobro de cuentas, ya que si en la elección federal hubo un nivel de abstención del 40 por ciento, pues en este otro “ejercicio democrático” no se llegará más allá de los niveles que tiene el voto duro del obradorato y que no rebasa el 20 por ciento del padrón electoral.
Con una soberbia que raya en la irresponsabilidad y una afrenta al régimen democrático, el flamante presidente del Senado, el infumable Fernández Noroña, advirtió que se “inicia un proceso electoral histórico en el que irán a las urnas las personas juzgadoras por primera vez y con ello el pueblo va a elegirlas y por tal motivo no hay otra nación en el mundo que haya democratizado a tal grado a su Poder Judicial”.
Los países plenamente democráticos no han implementado este tipo de ocurrencias tabasqueñas, porque al tiempo de que atenta contra la división de poderes y pone en entredicho a los juzgadores electos por su falta de conocimientos, experiencia, autonomía e independencia y cuyo mérito solo se basa en una eventual popularidad, le abre la puerta a todo tipo de personajes siniestros, apoyados, incluso, por el crimen organizado y por aquellos grupos de poder o fácticos que tienen la capacidad económica para desarrollar una campaña política y de marketing.
La tómbola y el atiborrar de boletas a los electores no es una práctica democrática. Es bodrio electoral que justifica los arranques de venganza de un personaje que ya descansa en Tabasco.
El segundo piso de la 4T piensa que tiene todo el derecho de cambiar el régimen democrático por una autocracia, en donde el presidente o presidenta en turno ostente todo el poder, incluso con someter al Poder Judicial y al Legislativo.
Y para justificar sus maniobras legaloides, tuercen la Constitución a modo y cooptan funcionarios electorales para crear mayorías artificiales en el Congreso, para luego aprobar cualquier ocurrencia que venga del jefe del Ejecutivo federal.
Para justificar sus atropellos constitucionales, extraen de la Carta Magna partes de algunos artículos, sin considerar como un todo el texto constitucional.
El artículo 136 de la Constitución establece la autodefensa de la propia Carta Magna, bajo el postulado de que no perderá su fuerza y vigor; y que si se estableciere un gobierno contrario a sus principios, se restablecerá su observancia; lo que confirma que solo se puede modificar la forma de “gobierno” pero no se puede atentar contra los demás principios constitucionales.
Así que, cada vez que se vuelva a mencionar el artículo 39 constitucional y la soberanía del pueblo, ignorando el 49 y demás artículos de la Constitución, piénsese que es como aceptar que las monedas sólo tienen una cara o que el ser humano sólo necesita del hígado para vivir. Así de absurdo.
Y aún peor, que nos pueden quitar siglos de herencia patria, que nos corresponde por derecho, tal como ha dicho la magistrada de circuito, Beatriz Moguel.
Está visto que los asesores jurídicos de la presidenta y sus legisladores lacayos, pueden torcer la leyes a conveniencia de quien ahora ostenta el poder, empero, es tal el desaseo judicial y legislativo que han conformado un ‘Frankenstein judicial’ que no pasa por el crisol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como está conformada en estos momentos, aunque luego pongan ministros a modo, existe todo un conglomerado de tratados internacionales protectores de derechos humanos y una serie de acuerdos comerciales que tienen como condición irremplazable, contar con un sistema judicial sólido que garantice la impartición de justicia con jueces doctos, expertos, imparciales y autónomos, todo lo contrario a los jueces de pacotilla y a modo que tendrá el actual régimen.