Ante el ánimo estatizador del nuevo gobierno, que quedó evidenciado con la reforma eléctrica que le regresó su estatus anterior a Pemex y CFE cuando tan solo eran empresas estatales y cuya finalidad era mantener la hegemonía del Estado en la generación de energía, además de ampliar su preponderancia sobre las empresas privadas en una proporción de 54–46, evidentemente se prendieron las alarmas en la iniciativa privada, pese a que en el discurso del nuevo gobierno se ha insistido en trabajar de forma conjunta en igualdad de condiciones y de apertura a los inversionistas.
Esa visión de izquierda, que busca incluso mantener su hegemonía en los sectores productivos del país, no solo como regulador, sino como jugador activo que fija las reglas de operación, afecta sin duda la misma creación de empleos formales, al tiempo que frena la captación tributaria y la creación de nuevas empresas en sectores de la economía como la energética o de telecomunicaciones.
La iniciativa privada no busca canonjías por parte del gobierno, sino simplemente que los dejen trabajar sin tener que enfrentarse al monopolio del Estado.
En el caso del servicio de Internet, la modificación de la naturaleza jurídica de las empresas estatales amenaza la sostenibilidad de la industria –y en consecuencia la protección al consumidor– y pone en riesgo las inversiones para garantizar la conectividad e innovación que requiere el país.
En la International Chamber of Commerce México (ICC México) se han pronunciado, como otras organizaciones de empresarios, por una reforma que promueva el acceso universal al servicio de Internet, sin comprometer la neutralidad de competencia en el sector, porque consideran indispensable que se brinden garantías claras a la industria para que puedan seguir participando de manera equitativa en el mercado, sin el riesgo de exclusiones o privilegios que, en última instancia, afectarían a los consumidores.
La reforma actual necesita un análisis exhaustivo para evitar comprometer principios fundamentales de competencia justa. Preocupa que la redefinición del rol de las empresas estatales en el sector de telecomunicaciones amenace la sostenibilidad de la industria, y ponga en riesgo las inversiones necesarias para garantizar la conectividad y la innovación que México requiere.
Las más relevantes preocupaciones de los privados se vislumbran en diferentes frentes como: al declarar el acceso a Internet como una actividad estratégica, podría excluir a otros operadores del mercado, beneficiando de manera desproporcionada al proveedor estatal y perjudicando en última instancia al consumidor final.
Si bien la participación del Estado es legítima, esta debe ocurrir en condiciones de igualdad, sin subsidios o ventajas que distorsionen el mercado. La renovación tecnológica y la incorporación de avances como inteligencia artificial requieren inversiones sustanciales y un entorno competitivo.
La presencia de un proveedor estatal dominante, bajo condiciones preferenciales, desincentivaría la inversión privada en infraestructura, frenando el desarrollo tecnológico. Un mercado competitivo garantiza la innovación y la mejora constante de los servicios para los consumidores.
Se daría una distorsión del mercado: si bien es crucial expandir la cobertura de Internet, este objetivo no debe alcanzarse a costa de la libre competencia. Concentrar el poder en un solo proveedor estatal podría afectar negativamente la calidad y accesibilidad de los servicios.
La reducción de competencia podría traducirse en una menor calidad del servicio para los usuarios, ya que los incentivos para mejorar la eficiencia y la innovación se verían limitados en un mercado controlado por un único actor.
Además, es fundamental que las políticas públicas tengan como objetivo el acceso universal al Internet, pero manteniendo la competencia justa entre los actores del mercado. La neutralidad de competencia debe ser respetada, y no se deben otorgar ventajas artificiales a un proveedor estatal en detrimento de la competencia privada.
En este sentido, la ICC México propone como ejes fundamentales de la política pública diversos rubros a considerar: competencia justa y acceso universal.
La expansión del servicio de Internet debe realizarse bajo un esquema de competencia justa, en el que tanto el sector público como el privado puedan colaborar para mejorar la cobertura sin perder incentivos para innovar.
Evaluación y monitoreo de la regulación: es crucial establecer mecanismos de supervisión independientes para garantizar que la participación del Estado no altere el equilibrio competitivo. Estos monitoreos asegurarían que las reglas del mercado se respeten.
Enfoque alineado con estándares internacionales: las regulaciones deben basarse en buenas prácticas globales que fomenten la competencia, protejan la privacidad de los usuarios y promuevan la innovación.
Nadie escatima sobre las ventajas del acceso universal a Internet, pero existen resistencias a cualquier medida que genere ventajas artificiales para el Estado y perjudique al consumidor final y a la competencia privada.
El futuro de las telecomunicaciones en México debe construirse sobre la base de un mercado equilibrado que favorezca la innovación, la eficiencia y, en última instancia, beneficie a los consumidores.