El ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza puso a Pemex al borde de la quiebra técnica y ahora es premiado con el nombramiento como director general del Infonavit, y casi de inmediato anuncia que el Instituto se encargará de construir un millón de viviendas, lo que representa poner en riesgo el patrimonio de los trabajadores al distraer sus recursos en esta odisea del estatismo.
La estatización que emprendió López Obrador en su administración resultó un fracaso, empero, eso no fue suficiente para que el nuevo gobierno continúe en esa tarea que en estos momentos es suicida, toda vez que el gobierno no tiene los recursos presupuestales para atender sus principales compromisos, así como todo el paquete de nuevos proyectos que ha anunciado la presidenta Sheinbaum.
El día de hoy en la Cámara de Diputados se discutirá la reforma al artículo 123 constitucional, la cual le da facultades al Infonavit para construir casas habitacionales y para ello se crea la figura de arrendamiento social que da un nuevo enfoque a la vivienda, ya que se contempla, dice el oficialismo, como un derecho humano y no como un bien sujeto a la especulación mercantil.
Con el argumento de que no habrá monopolio de la construcción por parte del Instituto, se lanzan a esta tarea que representa más riesgos que beneficios para los trabajadores y para todos aquellos que abandonaron sus casas adquiridas a través del Infonavit, ante la incapacidad de cubrir los créditos adquiridos.
Los legisladores de Morena votarán a favor de una ley que establecerá las formas de participación de los empresarios y las desarrolladoras de vivienda.
En cualquiera de los casos, de dónde cree, estimado lector, que el gobierno tomará los recursos para fondear esta construcción, pues del dinero de los propios trabajadores. El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, explicó que en los fondos de vivienda del Infonavit, Fovissste y cajas de ahorros de los sindicatos hay disponible casi un billón de pesos.
Dice el legislador que la mitad del millón de viviendas serán construidas por el Infonavit y la otra por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, además de que se aplicará un programa de regularización de la propiedad con objeto de dar certeza en la tenencia de las mismas y de incrementar su valor.
Esperemos que, al final del día, se construyan ese millón de viviendas y que se transparente el uso de esos recursos, y no como ocurrió en la administración de AMLO, que con el pretexto de que iban a maximizar los recursos públicos, desaparecieron fondos para el desastre y fideicomisos, al tiempo de terminar con un montón de programas sociales y organismos públicos; ello sin considerar que se diluyeron en la construcción de las tres obras insignia como fueron Dos Bocas, AIFA y el Tren Maya.
En la ley reglamentaria que da viabilidad a la reforma constitucional se definirán las atribuciones del Instituto como constructor, en clara respuesta a la postura de los sindicatos y empresarios que rechazaron esta modalidad.
Para los especialistas en vivienda, consideran que el Instituto debe enfocarse a los temas administrativos, financieros e incluso jurídicos sobre la materia, sin sumar labores de construcción.
Si en el país existen siete mil grandes constructoras con probada experiencia, ¿cuál es la urgencia de hacerlas a un lado para dar paso a una constructora del gobierno que se ‘mamará' los recursos públicos por ineptitudes y corrupción?
En la danza de los millones que hace el gobierno de la Presidenta, está por verse la transparencia de los recursos públicos que manejará Octavio Romero, ya que sin el INAI, pues será el mismo gobierno juez y parte en eso que llaman supervisión y control del gasto.
El discurso oficial del nuevo gobierno con los empresarios y los inversionistas es tan irreal como una moneda de 75 pesos, ya que, por un lado, tratan de convencerlos de que se respetarán sus inversiones y por otro pretenden desaparecer el Estado de derecho y la división de poderes con la imposición de la reforma judicial y el desacato presidencial a los mandatos de los jueces por frenar su instrumentación.
Por un lado, organizan cumbres de negocios para convencer al capital privado que México es un destino seguro para invertir y, por otro, estatizan y expropian empresas nacionales y extranjeras.
Grave que la realidad contradiga al discurso oficial, y peor que se dejen en manos de sujetos de dudosa reputación como Octavio Romero Oropeza los recursos de los trabajadores que cotizan al Infonavit.
Apenas van 21 días de Claudia sentada en el trono y ya dejó ver el cobre.