La continuidad de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos depende exclusivamente de la presidenta Claudia Sheinbaum y no de las voces que se oponen a su reelección, no obstante que existen otros perfiles de gran valía que pueden desempeñar con eficiencia esa tarea que tanta falta hace para preservar los derechos humanos de la población, particularmente ante los excesos del poder público.
Las críticas a Rosario Piedra retumbaron en la sede del Senado por parte de activistas que condenaron su gestión por la inacción que tuvo en el sexenio de López Obrador, aunque esas quejas y reclamos servirán de poca cosa, ya que todo apunta que será ratificada, salvo que su salud no lo permita.
El quid del asunto es que la señora pretende seguir cobrando como titular de la CNDH, a pesar de ser omisa ante la militarización del país y ser cómplice del poder; ante ello, las críticas internas y externas a su gestión crecen y no solo eso, sino que se recrudecen incluso en los foros internacionales de la materia.
Los señalamientos por parte de los trabajadores de actos de corrupción son otra línea de investigación que tiene abierta la Auditoría Superior de la Federación.
Catalogada como una franca militante morenista, lo que le impide por convicciones cumplir con la relevante tarea que tiene de la CNDH, Rosario Piedra carece de la solvencia moral para desempeñar las tareas encomendadas, toda vez que en lugar de ponerse al lado de las víctimas, decidió ser aliada incondicional del actual régimen.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acaba de publicar su balance de la gestión actual, en la que reporta opacidad en las recomendaciones, inacción ante las reformas impulsadas por el gobierno, además de condenar los pronunciamientos que han hecho ‘los chicos de Piedra’ para desacreditar a los medios de comunicación, periodistas, órganos internacionales y defensores de derechos humanos.
Supuestamente en el Senado se tomará la decisión el próximo 8 de noviembre de quien asumirá la titularidad de la CNDH para los próximos cinco años, aunque la venia para el nombramiento saldrá de Palacio Nacional.
Se habla de que la lista final de aspirantes quedó conformada por 34 personas, aunque puede llegar a 48, de las cuales destacan Nashieli Ramírez Hernández, titular de la Comisión de Derechos de la CDMX; Tania Ramírez, directora de Redim, así como Jesús González Schmal, entre otros.
Los principales atributos que debería tener el nuevo titular de este organismo deberían ser la plena autonomía e independencia del Poder Ejecutivo; empero, en estos tiempos en donde la autocracia requiere alinear todas sus fichas para mantener el poder, sin la incomodidad de las observaciones que debería emitir el ombudsperson, solo quedarían en la final dos mujeres: Nashieli y Rosario y párele de contar.
En momentos en que todavía se toman decisiones al alimón, pues no debería sorprender a nadie la reelección de Rosario Piedra.
El obradorato ya no funciona bajo el tamiz del régimen democrático y de los contrapesos institucionales que debe tener el Ejecutivo federal, sino todo lo contrario; se trata de concentrar todo el poder en la presidenta de la República y de tener bajo su égida al Poder Legislativo y al Judicial y, por ello, defienden con todo la reforma judicial que les permitirá elegir como juzgadores a personajes afines al oficialismo.
En este contexto, pues, dirán misa los grupos inconformes con la reelección de Piedra, pero la decisión será contraria a sus deseos.
La militarización del país fue uno de los mayores fracasos de AMLO, ya que no se ha logrado el propósito de pacificar el país, no obstante que se creó la Guardia Nacional y que las Fuerzas Armadas tienen la facultad de combatir a los criminales; además de que cada vez son mayores los atropellos que hacen contra civiles, a tal grado de que han matado a víctimas inocentes.
Los daños colaterales entre la población civil de las operaciones militares no son castigados y menos observados por la CNDH, que ha sido omisa en la emisión de las recomendaciones respectivas contra la Defensa Nacional y la Marina.
Por ello, están prendidas las alarmas en Amnistía Internacional, ONU, Human Rights Watch, OEA, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y la Corte Iberoamericana, entre otros organismos internacionales, ante la actuación del gobierno mexicano y la omisión criminal de la CNDH, al convertirse en un cómplice del gobierno de la autollamada 4T que violan sistemáticamente los tratados internacionales en la materia.