La renuncia de ocho ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los enaltece y habla de una dignidad incuestionable y respeto al Máximo Tribunal, al tiempo de ser congruentes con su postura jurídica en defensa de la Constitución; mientras que el oficialismo se desgañita al condenarlos incluso con rechazar sus renuncias y cancelarles sus pensiones a las que tienen derecho por ley vigente y por la misma reforma judicial que fue aprobada por Morena y sus rémoras.
Reconocimiento a las ministras y ministros por su valentía, congruencia y dignidad; Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar.
La historia pone en su lugar a cada quien y ello ocurrirá sin falta en el futuro, aunque dirán algunos que la historia la escriben los triunfadores, pero en este caso, sobre todo en los anales jurídicos del país, será digna de elogios la patriótica postura de los renunciantes porque no hay mejor motivo para defender a la patria que, precisamente, luchar por preservar el pacto federativo, la división de poderes, la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos de los mexicanos.
Las cartas de renuncia de los ministros no tienen desperdicio en cuanto a su talante de dignidad y respeto a sus trayectorias y a la defensa de la Constitución, incluso la ministra Ana Margarita Ríos Farjat mencionó en su dimisión que no cobrará el haber vitalicio al que tienen derecho los integrantes de la Suprema Corte, “para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal” y con ello ha tapado la boca a Gerardo Fernández Noroña, a Ricardo Monreal y por supuesto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que vociferaron que los ministros renunciaron para llevarse todos sus haberes y las talegas llenas, cuando en realidad, dimitieron en el marco de la reforma judicial aprobada por la mayoría calificada artificial que tienen en el Congreso.
Las cartas de renuncia de los ministros, desde la presidenta del máximo tribunal hasta los restantes siete ministros, son piezas fundamentales para entender la pretensión del actual gobierno de someter a la SCJN y al Poder Judicial, y bajo esta lógica, se atreven, incluso, a crear figuras legaloides para imponer la autocracia y terminar con el régimen democrático, como es el caso del engendro judicial denominado ‘supremacía constitucional’ que impide que nadie se oponga a los caprichos del titular del Poder Ejecutivo federal.
Y para apreciar la prisa que tiene el oficialismo para terminar de controlar al Poder Judicial, se metió el acelerador a fondo para que, luego de ser aprobada la reforma de supremacía constitucional por el Senado y la Cámara baja, se hiciera lo propio en por lo menos 17 congresos locales para aprobar la ley y se oficialice la declaratoria de validez de la reforma constitucional.
Se regodean en un falso triunfalismo para imponer sus condiciones, que busca crear una nueva Constitución Política que en muchos rubros contradice de fondo a la Carta Magna de 1917 y que fue producto de la sangre derramada en la Revolución mexicana.
Además de la renuncia de los ministros, la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito de todo el país rechazaron participar en la elección judicial.
La nueva conformación de la Suprema Corte estará integrada por plagiarios de tesis, ineptos pero populares y afines plenamente a Morena y rémoras.
Se regodean en sus incipientes triunfos, pero no miden las graves consecuencias de sus actos.
Basta ver lo que ocurre en otras latitudes del orbe para darnos cuenta cómo se las gastan los dictadores en transgredir los derechos fundamentales de sus gobernados como Venezuela y Cuba, tan solo por citar dos casos.
En estos momentos, en que la discusión sobre la crisis constitucional prevalece, la población se muestra ajena y tal vez hasta indolente, pero en la medida que lo vayan padeciendo en su vida cotidiana, entonces allí sí se inconformarán hasta el cansancio.
No solo se trata del problema que implica carecer de juzgadores imparciales, doctos y con experiencia judicial, sino del impacto en la economía del país y en los mismos hogares.
La incertidumbre que prevalece entre los inversionistas y principales socios comerciales de México por la terquedad de aniquilar el orden constitucional para adecuarlo a la dictadura en ciernes cobrará factura, por ejemplo, con el T-MEC, la degradación de la deuda por parte de las calificadoras internacionales, la devaluación, como ya ocurre en estos momentos, la inflación, el desplome del PIB, además de la quiebra técnica que padece Pemex, entre otros indicadores macroeconómicos.
Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de la dictadura de la 4T.