En estos momentos, la credibilidad del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por los suelos, por su proclividad al oficialismo, y ello de suyo compromete la imparcialidad en los próximos procesos electorales, como la misma reforma judicial en la que, por cierto, no se llevará a cabo, al término de la jornada electoral, la sumatoria de votos por parte de la ciudadanía, sino que será en lo oscurito en las instalaciones del INE, aunque esto no importa ante el fracaso de la elección.
El periplo judicial para darle congruencia a la reforma judicial de AMLO-Sheinbaum está plagado de inconsistencias y de coletazos del autoritarismo para imponerla por encima, incluso, de la Constitución, aunque esta ya esté tan desfigurada por tantos parches que le ha hecho la 4T para virar justamente de un régimen democrático a uno autoritario.
El dispendio de recursos económicos, humanos y desperdicio de tiempo para aterrizar la elección de jueces, magistrados y ministros es criminal y seguiremos así hasta el 1 de junio, para comprobar que los niveles de abstención rondarán el 80 por ciento y si no fuera por el acarreo que van a hacer el gobierno federal y estatal, amén de Morena, PT y PVEM (hechos penados por la ley), pues hablaríamos de 90 por ciento o más.
Pero eso no importa para la presidenta, porque el caso es tener un Poder Judicial subordinado a sus designios.
En el más reciente capítulo del melodrama “Hágase mi voluntad en los bueyes de mi compadre”, vimos la grosera intervención de los tres magistrados del Tribunal Electoral, léase Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, quienes por sus pistolas validaron la intervención del Senado para definir las listas finales de candidatos a juzgadores que le tocaba elaborar precisamente al Poder Judicial y con ello, mantuvieron contenta a la principal huésped de Palacio Nacional.
Luego, los ministros independientes de la Suprema Corte les corrigieron la plana, aunque, para el caso, al final del día se impondrá la voluntad de la jefa del Ejecutivo federal de llevar a cabo la elección judicial, como sea.
Luego del fallo de la SCJN, el oficialismo salió a decir que los ministros les dieron la razón y festejaron como si hubiéramos ganado el mundial de fut; empero, poco les duró el gusto, ya que dos días después de la sesión del jueves sobre el conflicto competencial entre jueces de amparo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) precisó que el pleno no ordenó a los juzgadores revocar las suspensiones que concedieron contra la reforma judicial, sino que solo se les solicitó que las revisen y se pronuncien en lo electoral.
Una vez que se publique el engrose de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los jueces tendrán 24 horas para revisar las demandas de amparo y las medidas cautelares emitidas para frenar la elección judicial.
En la sesión se determinó que los juzgadores tienen que revisar las demandas de amparo; en lo que es estrictamente electoral, se tienen que pronunciar. Esto lo recogerá el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el engrose de la sentencia. No se instruyó a los jueces a revocar las suspensiones, solo se les solicitó que las revisen y se pronuncien.
Los ministros determinaron que el TEPJF se extralimitó en sus funciones, al pronunciarse en el sentido de que las suspensiones no debían ser acatadas, ya que no está dentro de sus facultades.
En este galimatías jurídico y pleito entre jueces, lo que subyace es que los ministros no alineados al oficialismo podrán decir misa y, por mucho que sus argumentaciones estén apegadas a derecho, lo cierto es que, a partir de que ocurra la elección de juzgadores en junio, vendrá la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con nueve ministros subordinados al Poder Ejecutivo, con lo que quedará aniquilado el Poder Judicial visto como uno de los Poderes de la Unión, autónomo e independiente.
Las doctas ponencias de los ministros independientes encabezados por la ministra presidenta Norma Piña quedarán, en el mejor de los casos, registradas en la historia, porque ello será lo último que sepamos de ellos; en cambio, a los magistrados del Tribunal Electoral, Mónica y los dos “Jelipes”, se les augura una larga vida en el servicio público bajo la égida de la 4T.
En estos momentos hasta es temerario apoyar a los ministros y magistrados independientes, pero es menester hacerlo so pena de ser acusados de servilismo y acomodaticios.
La frase trillada de servir a los altos intereses de la nación en aras de cumplir objetivos personales de poder y riqueza siempre estará vigente ante los malos gobiernos y sus aviesos intereses de mantener a toda costa el poder sin importar los medios y menos estar del lado de los sectores de la población más desprotegidos.
