Una reforma constitucional que en apariencia tendría que haber transitado sin mayores sobresaltos por el Congreso terminó por descubrir algo mucho más importante que el debate sobre la doble nacionalidad: la mayoría calificada de la 4T no es un cheque en blanco para Claudia Sheinbaum y, cuando las iniciativas presidenciales afectan directamente los intereses políticos de Morena y sus aliados, aparecen las diferencias que durante meses permanecieron escondidas debajo de la alfombra.
La iniciativa presidencial pretende reformar los artículos 82, 116 y 122 constitucionales para establecer que quien aspire a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberá renunciar previamente a cualquier otra nacionalidad que posea.
El argumento de Palacio Nacional es sencillo: quien gobierne México debe responder exclusivamente a México y colocar los intereses nacionales por encima de los de cualquier otro Estado.
Hasta ahí podría parecer una discusión jurídica sobre soberanía y lealtad nacional. El problema comenzó cuando los legisladores revisaron quiénes serían alcanzados por la reforma y descubrieron que el misil no solamente caería en territorio enemigo.
En la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, el dictamen fue aprobado con 26 votos de Morena y sus aliados contra cinco de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo que avanzará al pleno de la Cámara de Diputados; sin embargo, el verdadero campo de batalla está en el Senado.
El coordinador del PVEM, Manuel Velasco, reconoció públicamente que no existe unanimidad dentro de su bancada. Hay senadores verdes con doble nacionalidad y algunos no están dispuestos a respaldar la propuesta presidencial en sus actuales términos.
Luis Armando Melgar fue todavía más lejos al calificarla como un agravio para millones de mexicanos en el exterior y advertir contra la fabricación de reformas con nombre y apellido.
Cuando se trata de captar votos y remesas, utilizan a nuestros paisanos, pero, para tareas mayores, los esconden y los castigan.
El quid del asunto en el Congreso, particularmente en el Senado, es que Morena, PT y Verde suman actualmente 86 senadores, justo el número que, con el pleno completo, representa los dos tercios necesarios para una reforma constitucional.
Cualquier voto que se desprenda de ese bloque puede complicar la aprobación. De pronto, un senador inconforme vale oro y un aliado incómodo puede convertirse en el dueño de la llave constitucional.
Durante años, el Verde ha demostrado una enorme capacidad para sobrevivir políticamente acompañando al poder, pero acompañar no significa necesariamente obedecer. La diferencia es fundamental.
Mientras las reformas de la 4T no afecten sus espacios, candidaturas o intereses electorales, la alianza funciona; cuando el costo comienza a pagarse dentro de casa, aparece la resistencia.
El PT reacciona igual a los ecologistas.
Ese es el primer aviso que debería leer correctamente Palacio Nacional rumbo a 2027.
La reforma nació además contaminada por la coyuntura política. Días antes de anunciarla, la propia presidenta había cuestionado la doble nacionalidad del exgobernador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y planteado públicamente la necesidad de modificar la Constitución.
Después apareció en la conversación Ricardo Salinas Pliego, quien posee doble nacionalidad y ha coqueteado públicamente con la posibilidad de participar en la sucesión presidencial de 2030.
Pero el problema para Morena es que la prohibición también puede alcanzar a personajes de sus propias filas, como el senador Javier Corral, nacido en El Paso, Texas.
No tengo las pruebas, pero hasta Clarita Brugada se vería afectada por esta resolución.
El abogado y constitucionalista Ignacio Morales Lechuga advierte sobre la iniciativa presidencial que México puede regular la nacionalidad mexicana; sin embargo, carece de poder para extinguir una nacionalidad extranjera y a ello se suma la regresividad: el artículo 1 de la Constitución obliga a respetar la progresividad de los derechos humanos y el derecho a votar y ser votado.
El asunto merece un debate mucho más profundo que la aprobación acelerada de una reforma constitucional.
Más todavía cuando la iniciativa aparece justo cuando comienza a calentarse la sucesión presidencial de 2030.
Como se aprecia, en Palacio Nacional tiemblan ante la alternancia en el poder y hacen de todo, no obstante ser en los hechos una autocracia, para evitar a toda costa que ello suceda.