Con la imposición de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos termina la etapa de ese organismo que, con sus altibajos, se significaba como un auténtico contrapeso a los excesos del poder público con recomendaciones que si bien no era punitivas, sí representaban una condena pública con repercusiones incluso internacionales a los abusos de la autoridad.
Si cree López Obrador que ya tiene una ombudsperson a su modo está muy equivocado porque ahora esa figura recaerá en la misma sociedad que a falta de la defensoría nacional recurrirá a los organismos globales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos .
Vergüenza debería tener Ricardo Monreal que, con una chicanada propia de personas sin escrúpulos, alteró la aritmética parlamentaria al reducir el número de senadores que asistieron a la sesión en donde se iba a elegir al reemplazo de Luis Raúl González y con ello logró alcanzar la tan ansiada mayoría calificada.
La burda maniobra retrata a personajes que han llegado al poder público, carentes de ética y valores morales y que tan solo los mueve la ambición y el poder.
A Piedra se le contaron 76 votos de un total de 114, sin embargo, los senadores asistentes fueron 116 y con esta cifra no se alcanza la mayoría calificada.
Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal han mostrado el cobre con la imposición a rajatabla de la señora Piedra.
Uno, el presidente de la república, que sin tapujos impulsó desde el principio a la hija de una luchadora social como Rosario Ibarra y el otro, lacayo de cuarta, que con tal de cumplir con los máximos deseos de su patrón, operó, sin importar los medios, para que el Senado la erigiera como la titular de la defensoría del pueblo, nombre que responde más a fines propagandísticos del populismo.
Claro, los líderes de los senadores de oposición, léase Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Mancera, del PRD; y Clemente Castañeda, de MC, están que echan lumbre contra la alteración de votos, por lo que impugnarán la elección, no solo ante las instancias nacionales impartidoras de justicia, que para el caso valen un cacahuate, sino ante Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre otros.
Cuando el gobierno de la 4T tiene puestos los ojos del mundo por su incapacidad para combatir a los cárteles de la droga, amén de la preocupación de gobiernos y mercados porque la economía mexicana empieza a dar claras muestras de que es inminente una recesión económica y la degradación de su calificación por parte de las calificadoras internacionales, cometen otro error de proporciones mayúsculas.
Con la eliminación de un ombudsperson independiente se suma otra bandera que bien podría usar Donald Trump en su campaña de reelección ya que con el tema migratorio y la amenaza de los capos de la droga mexicanos a la seguridad interior de Estados Unidos, tiene argumentos suficientes para apretar el yugo que ya trae puesto en el cuello el gobierno mexicano.