Si, así como lo leyó. Cuando usa el concepto de ‘seguridad nacional’ como lo define Andrés Manuel López Obrador en su controversial decreto de infraestructura firmado esta semana, no es para ‘eficientar’ la capacidad y asegurar la conclusión de los proyectos más importantes de la cuatroté. La razón del decreto es asegurar la impunidad y esconder la incapacidad del gobierno. Y esconder masivos actos de corrupción por el hecho de que López Obrador cree que nadie puede cuestionarlo a él, sus decisiones y sus proyectos.
Y él cree que la única forma en la que va a dejar de ‘fregar’ la oposición es básicamente dándole la mayoría de las responsabilidades más importantes del país a las Fuerzas Armadas, declarando la mayoría de las construcciones de infraestructura en el país proyectos vinculados a la seguridad nacional. Ya con las dos decisiones anteriores, ahora el presidente no tendrá que transparentar los contratos, planos y aspectos fundamentales de estos proyectos, escondiendo así la corrupción que seguramente permea estos programas federales.
¿Porque digo “seguramente permea la corrupción” en estos programas? Porque el hecho de que el presidente ordene que no habrá corrupción en su gobierno, no significa que alrededor de él exista un despojo y arrebato de recursos. Los pesos y contrapesos tradicionales que debería de tener una democracia para prevenir la corrupción, incluyendo procesos de licitación competitivos, mecanismos de supervisión de la implementación de proyectos, y sobre todo transparencia y rendición de cuentas, fueron descartados y destruidos por López Obrador.
El hecho de que tuvo que publicar el presidente este decreto, además de ser una señal de que se necesitaba ocultar la corrupción actual y futura, usando el concepto de seguridad nacional, también subraya que probablemente los proyectos son inviables, ilegales o imprácticos. ¿Por qué estos proyectos federales están teniendo tantas dificultades de obtener permisos y aprobación de funcionarios del mismo gobierno federal? Una respuesta podría ser la ineptitud por los que tienen que justificar los programas. Pero creo que la razón fundamental es que los funcionarios no quisieron asumir la responsabilidad administrativa y penal de aprobar programas que no cumplían con requisitos. Y seguramente estos funcionarios recibieron presiones y amenazas desde la presidencia para que firmaran. Y aún así, se rehusaron, probablemente pensando que tendrían que enfrentar en el futuro acoso jurídico y costos de contratación de abogados para su defensa.
Entonces, en un acto de autoritarismo poco visto en este país, el presidente de México ordenó que TODOS Y TODAS titulares de las secretarías de gobierno firmaran el decreto. Con esto asumen no solo las responsabilidades administrativas y penales que pudieran surgir al cumplir lo establecido en este decreto, también TODOS Y TODAS están respaldando políticamente la militarización de los programas de infraestructura, el uso político del concepto de seguridad nacional y el uso de las Fuerzas Armadas en proyectos que deberían de responsabilidad de los civiles.
Al firmar, ningún secretario o secretaria podrá criticar la militarización del país.
Pero la politización del concepto de seguridad nacional por este gobierno está más que confirmado con el abierto llamado político del general secretario Luis Crescencio Sandoval, de que “como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto” de transformación. Estas palabras los emitió como parte de su discurso durante el aniversario de la Revolución. La pregunta es, ¿el secretario de la Defensa decidió por su propia cuenta politizar su discurso y abiertamente respaldar el proyecto de transformación de AMLO, o fue ordenado emitir este mensaje?
Cualquier de las dos alternativas es grave. Pero ante la extraordinaria acumulación de poder que está asumiendo el politizado secretario de la Defensa, ¿qué responsabilidades le dejan al secretario de Gobernación?
La justificación para explicar por qué México no tenía un secretario de Defensa civil era buscar evitar la politización de las Fuerzas Armadas. Ante la politización de la seguridad nacional por López, ¿llegó la hora de nombrar un secretario de Defensa civil, como existe en la mayoría de las democracias en el mundo? Con esto se separaría lo político, de las decisiones de usar la última instancia que tiene el gobierno, que son sus Fuerzas Armadas.
Tal vez la estrategia de fondo del presidente es asegurar quién y cuál institución será el chivo expiatorio de los fracasos de este sexenio en materia de seguridad e infraestructura. Ni cómo defenderse, ya que ahora no solo tienen la responsabilidad de operar los programas más importantes de López Obrador, sino ahora más y más son un brazo político de la cuarta transformación.