Andrés Manuel López Obrador está empecinado en legar una crisis constitucional, donde los secretarios de la Defensa y de la Marina tendrán que tomar una decisión histórica que afectará la relación cívico militar por las siguientes décadas: el liderazgo de las Fuerzas Armadas en México. Tendrán que decidir si continúan obedeciendo al presidente-comandante en jefe o defienden la Constitución y el Estado de derecho.
Y esta crisis está por explotar, en algunos días, con la aprobación de una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional que presentó López Obrador esta semana, con la expectativa de que sea aprobada, por ambas cámaras, posiblemente en horas. Con la ley en mano, el presidente podrá justificar el “traspaso oficial” durante el desfile militar del 16 de septiembre; de hecho, AMLO ya ordenó que el enfoque del desfile de este año, y los que desfilarán, será la Guardia Nacional.
Y lo que veremos este 16 de septiembre, en vivo y a todo color, será una de las violaciones históricas más fragrantes y peligrosas de la Constitución por parte de un presidente de México. Junto a él estarán el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes saben perfectamente lo que está sucediendo, y cómo la historia seguramente los cuestionará por no defender la Constitución ante lo que es una abierta y obvia violación.
¡Alguien ponga un amparo! ¿Dónde están los medios de comunicación para denunciar esta barbarie? ¿Los juristas del gobierno por qué no detienen al presidente?
Estos secretarios seguramente quisieran argumentar que no es responsabilidad de los funcionarios definir qué es constitucional o no, esa responsabilidad pertenece a la rama legislativa y judicial, además de la clase política y la sociedad civil. Pero López Obrador se aseguró de rodear y nombrar en el Ejecutivo, Legislativo y en la rama judicial a ignorantes, incapaces o individuos tan ambiciosos de poder que no están dispuestos a enfrentar al presidente.
Tal vez la apuesta del presidente es que la crisis la enfrentará su sucesor en 2024 y no tendrá que asumir la debacle en materia de seguridad y justicia que eventualmente sucederá si continúa insistiendo en hacer el traspaso sin una reforma constitucional. Pero que no les quede la menor duda, sin la reforma constitucional habrá eventualmente una crisis de tal magnitud en materia de seguridad y justicia que eventualmente resultará en la desaparición de la Guardia Nacional o el eventual traspaso a un mando civil, o la desaparición del Ejército, o el nombramiento de un civil como secretario de la Defensa. Pero la decisión que hará el presidente este 16 de septiembre no podrá mantenerse, aunque el liderazgo militar asuma que esta decisión será un fait acompli, sin vuelta atrás. Ninguna orden del presidente, por más que se justifique en las encuestas, será permanente sin el aval de la Constitución.
El impacto de la decisión del presidente podría suceder en semanas, casi inmediatamente. De hecho, cualquier actuar por la Guardia Nacional (allanamientos, detenciones, investigaciones) podría ser materialmente y jurídicamente cuestionado ante los tribunales por los individuos afectados, los enemigos de la 4T y aquella parte de la población que rechaza la militarización de la seguridad pública. Y eventualmente, la Corte Suprema podría fallar (por imposible que parezca) a favor de la ley que propone el presidente López Obrador, pero eso no resuelve los transitorios constitucionales y una solución permanente de la situación jurídica de la Guardia Nacional.
Se necesita un debate para asegurar que haya claridad de cuáles son las funciones de la Guardia Nacional y del Ejército, además de definir quién tiene la responsabilidad de la política de seguridad pública y de seguridad nacional.
Además, en una forma muy perversa, la inconstitucionalidad del traspaso de la Guardia Nacional apoya la estrategia de abrazos y no balazos de AMLO, ya que incrementará dramáticamente la incapacidad de las fiscalías de procesar individuos que impactan a la población ante la eventualidad de que todas las actuaciones de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina sean cuestionados por ser “inconstitucional”.
López Obrador sabe que no tiene el apoyo legislativo para una reforma constitucional y está por verse si tiene el apoyo de la Corte Suprema. Por eso se rehusó al debate, justificando su decisión ante la “popularidad” de las Fuerzas Armadas en México. Pero popularidad no se traduce a constitucionalidad. Pero la inconstitucionalidad de su decisión sí asegura una crisis constitucional y probablemente fortalecerá la capacidad de los más violentos.