Las razones que subraya el presidente que justifiquen el traspaso “permanente” de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa podría resumirse en la expectativa de menos corrupción, más eficiencia, más aceptación, necesidad de menos recursos.
Aunque importante estas justificaciones, el problema es que hasta la fecha, Andrés Manuel López Obrador no ha podido explicar cómo su propuesta reducirá los terribles niveles de violencia en el país, cómo detener la oleada de desaparecidos que sigue aumentando, y cómo retomar el control territorial de los grupos armados y del crimen organizado.
Para AMLO, el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena no tiene objetivo de resolver el problema de seguridad. A dos años de que termine su mandato, lo que busca es encontrar una salida a su estrategia de “Abrazos y No Balazos”, que se ha traducido en un país más violento, más injusto. Su decisión de presionar a las Fuerzas Armadas, sus asesores, a la Corte Suprema y a los legisladores para que acepten la militarización de la Guardia Nacional tiene como objetivo señalar chivos expiatorios -el Ejército, los legisladores, Suprema Corte, neofifís- para asumir el costo político del fracaso sexenal.
Es importante señalar varios inevitables factores que impactarán el futuro de la Guardia Nacional y la seguridad en el país:
Sin fundamento constitucional, la Guardia Nacional eventualmente será civil o desaparecerá. Una reforma, de la magnitud que propone el Presidente, fracasará si no tiene aval constitucional. Ya sea por los miles de amparos que presentarán individuos, legisladores y otros actores de la sociedad civil. Más allá de su responsabilidad de hacer rondas, hacer presencia en áreas conflictivas, participar en desfiles o actividades ceremoniales, cualquier otra interacción con civiles se presta a ser cuestionada legalmente si no tiene la Guardia Nacional un aval de la constitución. Adicionalmente, las presiones internacionales y nacionales de que México ya no cuente con una policía civil a nivel nacional también podría ser el catalizador de la desaparición de la Guardia.
Corrupción será el talón de Aquiles de Sedena y Guardia Nacional. Mi experiencia analizando las Fuerzas Armadas me lleva a concluir que la corrupción en las Fuerzas Armadas es una de las amenazas fundamentales de la gobernabilidad del país y debilita la capacidad de enfrentar las amenazas a la seguridad nacional. La insistencia del Presidente López Obrador de delegar funciones, que hasta hace unos años eran exclusivos de civiles (por ejemplo, construcción y supervisión de aeropuertos, refinerías y trenes), resultarán en un dramático incremento en corrupción institucional. Y la razón de esta afirmación es que no se han desarrollado estructuras internas para reducir de las Fuerzas Armadas, a diferencia de las estructuras civiles, mecanismos de transparencia de pesos y contrapesos para controlar actos de corrupción. Y aunque hay una diferencia entre corrupción relacionada a la construcción de un aeropuerto con, por ejemplo, la compra de armas, tecnología de inteligencia, etc., la verdad es que corrupción en el ámbito de seguridad nacional mata y habrá víctimas.
El uso del concepto de seguridad nacional, como una excusa para no licitar y no transparentar contratos e información relevante, ha sido abusado por el Presidente y Sedena. Y aunque claramente ha facilitado y apresurado la construcción de los proyectos de infraestructura emblemática de este gobierno, también hay que señalar que probablemente la falta de transparencia ha facilitado innumerables actos de corrupción que eventualmente se harán públicos. La pregunta es ¿quién asumirá la responsabilidad penal de estos actos de corrupción? ¿Argumentarán que, debido a la disciplina militar y la jerarquía vertical de Sedena y la Marina, son responsables los secretarios o el mismo Presidente? De continuar con este proceso de traspasar la Guardia a Sedena, urge reglamentar y diferenciar entre información protegida por razones de seguridad nacional y cómo se va a transparentar el resto de la información. De hecho, el momento en que el Ejército y la Marina asumieron funciones de seguridad pública, mucho de su actuar, al igual que la Guardia Nacional, forzosamente tendrá que transparentarse si es que van a jugar un papel fundamental en materia de seguridad pública.
Incrementará los abusos si no se diferencia lo que es una amenaza de seguridad pública de seguridad nacional. Uno de los errores históricos de la clase política y de gobiernos civiles ha sido la incapacidad de diferenciar qué es una amenaza de seguridad nacional de una amenaza de seguridad pública. Esto ha resultado en una legislación donde se trata de la misma forma riesgos a la seguridad nacional y a la seguridad pública. Y, esta falta de definición ha resultado en abusos por los gobernantes en las últimas décadas. Más sobre este tema en la siguiente entrega.