Al cierre de la publicación de esta columna, el jurado que preside el juicio de Genaro García Luna no ha declarado la culpabilidad ni la inocencia del acusado. Pero aun así este juicio tendrá un impacto histórico en la relación entre Estados Unidos y México. Y podrían pasar hasta una década antes de que se restablezca una relación bilateral que permita una cooperación efectiva en el combate en contra del crimen organizado.
Y esta ruptura sucede en un momento cuando la preocupación bipartidista por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos incrementa dramáticamente convirtiéndose en uno de los temas que podría definir en el 2024 quién ganará la contienda presidencial en ese país.
Es importante subrayar que el cuestionamiento a la voluntad del gobierno de México no solo es una preocupación de legisladores y políticos, quienes en el pasado han buscado que se declare a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. De hecho, esta semana, en una audiencia, el senador demócrata Bob Menéndez cuestionó a la directora de la DEA, Anne Milgram, si la falta de cooperación con México se debía a que no “existe un socio dispuesto o que de hecho el Estado está infiltrado por los cárteles”. La directora respondió que al igual que la forma en que México persiguió a Los Zetas, urge esta voluntad política del actual gobierno para perseguir al Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Lo irónico de este comentario de la directora de la DEA, Milgram, es que fue hecho la misma semana en que uno de los operadores de la estrategia para enfrentar al Cártel de Los Zetas, durante el sexenio de Calderón, Genaro García Luna, está siendo juzgado en Nueva York por sus supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
En este momento, el jurado no ha definido el futuro de Genaro García Luna, pero lo que sí sabemos es que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a escuchar y darle credibilidad a los testigos colaboradores, quienes han señalado en este y otros juicios penales, el involucramiento de funcionarios mexicanos, directa e indirectamente, en recibir sobornos de los cárteles de las drogas.
Incluyendo el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando el testigo colaborador el Rey Zambada señala que Gabriel Regino, el subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México del entonces jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, recibió siete millones de dólares.
Si se mide con la misma barra, no solo embarra el Rey a García Luna, sino salpica a López Obrador y su canciller, Marcelo Ebrard. Y todos los exfuncionarios y aquellos que ejercen funciones en el actual gobierno seguramente no dormirán tranquilamente a partir de esta semana. Algunos seguramente estarán deseando silenciosamente que Genaro García Luna sea declarado inocente, y así poder afirmar: los testigos colaboradores en contra de García Luna mienten, por lo tanto, la embarrada a otros funcionarios no tienen viabilidad en otros juicios.
Pero el presidente y Gabriel Regino insisten en que van a perseguir, no al Rey Zambada, sino al abogado de García Luna, César de Castro, el “abogado falsario, calumniador, chueco”, según López Obrador.
Y ojalá que López Obrador y Regino se lancen en contra de César de Castro. Esto aseguraría que se hicieran públicas las acusaciones que han hecho no solo el Rey Zambada, sino otros testigos colaboradores, en contra de funcionarios mexicanos. Si le van a dar credibilidad a las declaraciones a estos testigos en los juicios del Chapo y ahora de García Luna, urge transparencia, antes de las elecciones presidenciales. Cuando César Castro trata de acorralar al Rey Zambada, los documentos señalan que la fiscal, Saritha Komatireddy, pide al juez que no se permita discutir la vinculación de López Obrador con el Cártel de Sinaloa porque sería un espectáculo no relacionado con el juicio y que el “testigo tiene familia en México.” Hasta ahora nadie argumenta que el Rey Zambada mintiera sobre Regino o el vínculo con López Obrador.
Con las declaraciones de los testigos en contra de García Luna, los legisladores estadounidenses seguramente exijan la información que existe de posibles vínculos, del actual gobierno y los gobernadores, con organizaciones que trafican a fentanilo a Estados Unidos.
Ante los hechos de las últimas semanas, ¿alguien cree que será extraditado Ovidio Guzmán? Al igual que el juicio que enfrenta García Luna, no sorprendería que el Ratón buscara una reducción de penas al testificar en contra del presidente y su gabinete de Seguridad. Y a diferencia del juicio de García Luna, probablemente Ovidio sí tuviera documentos, videos y audios que presentarle al jurado o a los medios de comunicación.