Desde el momento de la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos, la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México cambiaría en una forma fundamental. No solo enjuiciaron en Nueva York al exsecretario de Seguridad Pública, sino también el aparato de seguridad de Estados Unidos. La decisión de encontrar culpable a García Luna por los cargos de conspiración, trafico, no solo es en contra de uno de los exfuncionarios de más rango durante la administración del presidente Felipe Calderón, también es una condena de la estrategia de seguridad acordada hace 30 años.
La condena de García Luna representa un fracaso catastrófico de inteligencia, contrainteligencia y diplomacia para ambos países. La fotografía que presentaron los testigos en el juicio en Nueva York es de un México donde el crimen organizado controla las más altas esferas del gobierno con absoluta impunidad, llegando a secuestrar a un secretario de Seguridad, o entregarle millones de dólares en un restaurante enfrente de la embajada de Estados Unidos en México.
Es importante subrayar que el restaurante que señaló el testigo durante el juicio se encuentra probablemente en una de las cuadras más vigiladas, espiadas y controladas en la Ciudad de México, por parte del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y un sinfín de otros gobiernos y organizaciones criminales.
¿En verdad sucedió esa reunión en el restaurante Champ Elysees o fue una mentira más para convencer al jurado en Nueva York? El jurado, y ahora el Departamento de Justicia y por ende el gobierno de Estados Unidos le darán credibilidad a esta narrativa y todos los testimonios de estos criminales que describen un México que ni la serie Narcos podría imaginarse.
Y allí está el meollo del asunto. Ante la condena de García Luna, la pregunta es, ¿cómo es que funcionarios estadounidenses y mexicanos no sabían del involucramiento de García Luna? La guerra intestina entre el secretario de Defensa y Marina en contra de García Luna fue épica durante el sexenio de Calderón. ¿Es esto una señal clara de que alguien, dentro del gobierno de México, tenía información sobre los vínculos de García Luna? ¿Qué sabía el presidente Calderón?
En la balacera del 24 de agosto, 2012, en Tres Marías, cuando policías federales le dispararon a una camioneta blindada con placas diplomáticas, resultaron heridos dos funcionarios del gobierno estadounidense y un capitán de la Marina. Milagrosamente sobrevivieron. El secretario de Seguridad Pública, García Luna, aseguró que “hubo una confusión por parte de la PFP que supuestamente estaban investigando actividades delictivas en el área”. El gobierno de Estados Unidos afirmó que la camioneta fue emboscada. ¿Quiénes más participaron en la balacera? Esto era un dato fundamental para establecer si hubo incompetencia, corrupción o complicidad. Pero no fue suficiente este incidente, el despedir al secretario de Seguridad meses antes de la transición presidencial, hubiera manchado aún más el legado de Felipe Calderón.
Dos meses antes, en junio del mismo año, tres policías federales antinarcóticos, quienes realizaban un operativo en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), murieron tras enfrentarse a balazos con un grupo de compañeros de su misma corporación asignados a la vigilancia de la terminal aérea. Una guerra intestina dentro de la misma policía federal.
¿Por qué el presidente Calderón no pidió la renuncia de García Luna? Esta será la lección para futuros gobernantes, que ante información y actos contundentes de posible involucramiento de sus funcionarios en actividades delictivas, el presidente debe pedir la renuncia por razones políticas o por posibles investigaciones penales.
Ante el testimonio que prestaron los testigos en el juicio de García Luna, ¿en verdad eran totalmente ignorantes de las actividades del secretario de Seguridad Pública? Los funcionarios estadounidenses también tendrán que asumir su responsabilidad y fracaso. Y esto será la responsabilidad del senador Chuck Grassley, quien ordenó que la DEA y el FBI informaran cuánto sabían de las actividades delictivas de García Luna. Seguramente el siguiente paso será establecer el impacto. ¿Cuántos operativos e individuos fueron traicionados? Lo más importante, ¿quién asumirá los costos políticos?
Además de estudiar cuidadosamente los testimonios de los testigos que aseguraron la condena de García Luna, el siguiente paso, para funcionarios de ambos países es establecer ¿Quién fue? ¿Quién sigue?