Son momentos peligrosos para la democracia mexicana. Y no, no estoy haciendo referencia a los ataques sistemáticos del Presidente de México en contra de las instituciones, los medios de comunicación, y la sociedad civil. El impacto de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de debilitar a las estructuras democráticas se sentirá a mediano y largo plazo.
El riesgo al que me refiero es mucho más inminente e insidioso. Y el impacto en la democracia mexicana a corto y largo plazo es catastrófico.
Es la violencia.
Uno de los efectos de las campañas adelantadas de los procesos electorales del 2024 es que desató una ola de violencia e ingobernabilidad histórica en México. Y las posibilidades de una reducción visible de la inseguridad no será posible hasta el 2026. Si, casi a dos años de que asuma la silla presidencial el nuevo presidente o presidenta de México. Y no importa de qué partido provenga el inquilino o inquilina en Palacio Nacional. Ahora les explico.
En los últimos cinco años, buscando distanciarse de la estrategia de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, el Presidente López Obrador reestructuró dramáticamente el aparato de seguridad y justicia. Más allá del debate si militariza o no, si debilitó el estado mexicano ante grupos criminales, o si en verdad pudieron atacar las causas, el hecho es que la estrategia de “Abrazos y no Balazos” desmanteló las estructuras civiles para enfrentar la violencia nivel nacional, estatal y municipal. Las reformas, entre ellas la creación de la Guardia Nacional, tardarán años en probar su efectividad. Y ante las cifras catastróficas de violencia, y presiones de la sociedad civil de integrar la Guardia Nacional como una entidad de naturaleza civil, seguramente habrá nuevas reformas contemplas para el siguiente sexenio. Y este desorden institucional de reformas que nunca se integraron completamente es un componente importante del incremento de la violencia en el país. Pero también ha permitido que las organizaciones trasnacionales y nacionales incrementen su control territorial en diferentes regiones del país. Además de aprovechar el “desorden” institucional, los grupos delincuenciales usaran los siguientes 15 meses de violencia desmedida para fortalecer su capacidad de negociación con el nuevo gobierno entrante.
Adicionalmente, al igual que los partidos, los jefes locales del crimen organizado, estarán buscando sus “candidato” para presidente municipal, regidores y gobernadores. No será mediante encuestas, obviamente, sino mecanismos de negociación, corrupción, intimidación, amenazas, atentados en contra de posibles candidatos definirán la nueva clase política para el siguiente sexenio. Y seguramente estas mismas organizaciones buscarán influenciar a quién eventualmente proporcionando dinero mal habido para las campañas.
Y, con el control que ejercen estas organizaciones a nivel local desafortunadamente para el país, parecería imposible detener la enorme influencia del crimen en los procesos electorales, ya que es casi imposible fiscalizar las campañas, mucho menos perseguir penalmente a candidatos que recibieron dinero del narco. Perseguir a las organizaciones criminales no ha sido una prioridad de esta administración, y no se puede esperar que cambiase esta estrategia de “abrazos y no balazos” en este año electoral.
Urge, urge que las amenazas y asesinatos de candidatos candidatas a nivel nacional y local sean documentados y detenidos y procesados los autores materiales e intelectuales antes de las elecciones si fuera posible. Adicionalmente los partidos tienen que asumir la responsabilidad de sus candidatos, investigando y asegurando la probidad de sus representantes en el proceso electoral. Es necesario que inicié la identificación de los municipios con semáforo rojo de seguridad para asegurar la integridad física de los candidatos y de las elecciones.
Hay que observar con cuidado quién o qué organización asumirá el costo político de la fallida estrategia de seguridad de este sexenio. Y aunque buscará la Cuarta Transformación continuar culpando a Felipe Calderón o hasta Enrique Peña Nieto de la violencia que vive el país, es difícil hacer campaña argumentando estrategias de hace 12 años. Y los chivos expiatorios seguramente serán los legisladores de la oposición, Suprema Corte, jueces, y gobernadores de la oposición. Y las fuerzas armadas serán señaladas.
La Cuarta Transformación, sus candidatos y el mismo presidente jamás reconocerán el legado de violencia. Y seguramente voltearán a las fuerzas armadas buscando movilizar efectivos en comunidades que aseguren el “éxito” o robo electoral de la coalición del partido oficial.
Por intimidación, corrupción o uso ilegal de las fuerzas armadas: Garantizará el éxito de Morena, pero también ingobernabilidad