“Pero lo mejor es que los liberen; si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos”. Esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador ante las insistentes preguntas de un reportero sobre la situación de 16 funcionarios que fueron secuestrados por el crimen organizado en Chiapas. Y aunque parecería, en parte de sus respuestas, que el mandatario “enfrentaba” a los secuestradores, que “no va a haber impunidad”, pero de nuevo recurrió a su guion de echarle la culpa al pasado “que no piensen que es como antes de que puedan cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente, ¿no?, que los va a proteger. Ya no hay agarraderas, el gobierno no es cómplice de la delincuencia, entonces que no estén pensando que somos iguales, para que no dañen a nadie, que no dañen. Y vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad”.
Además del dolor que provoca a los familiares de los secuestrados y víctimas de la delincuencia la recurrente solución propuesta por el presidente de “abrazos y no balazos” y de acusar a los delincuentes a sus “padres y abuelos”, estas frases envían un mensaje de sometimiento del estado ante los criminales. Y lo más ofensivo es que ante el derramamiento de sangre, que viene debido a la debilidad institucional y la inminente violencia de los procesos electorales, el Comandante en Jefe y responsable de la integridad física de los Mexicanos usa el humor, la denigración y culpar al pasado para “cubrir” su incapacidad ante la inseguridad del país.
Esta semana usó un “Amlito”, un peluche con su parecido que dice fases como “lo que diga mi dedito” y “me canso ganso”, frases que escupe el muñeco, como excusa para no seguir contestando sobre los 16 funcionarios secuestrados en Chiapas.
Desde su campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió pacificar al país, no enfrentar el crimen organizado ni los violentos. Y el trato público del presidente hacia las figuras del crimen organizado ha sido respetuoso, hasta deferente: reuniones públicas con la madre y el abogado del “Señor Joaquín Guzmán Loera”, entre los múltiples ejemplos.
En resumen, la estrategia de seguridad y justicia de “Abrazos y no Balazos” es deferencia, sometimiento y humor ante las poderosas organizaciones criminales que ahora controlan un porcentaje importante del país. Y ahora, el país enfrenta el proceso electoral más grande en la historia, con claros indicios de que los grupos del crimen organizado jugarán un papel fundamental en las elecciones del 2024, ya sea aportando recursos, seleccionando sus candidatos, o simple y llanamente amenazando y asesinando candidatos.
Ante el debilitamiento del aparato de seguridad y el claro deterioro de la seguridad del país, el siguiente presidente estará sujeto a presiones inimaginables de tener que escoger entre enfrentar a los violentos o sometimiento.
¿Enfrentar, negociar o someterse? Estas son las opciones y el gran dilema del siguiente mandatario o mandataria de México.
Más allá de cuál sea su decisión, claramente para enfrentar la violencia y las organizaciones criminales, el o la siguiente presidente forzosamente deberá tener un estilo de liderazgo completamente diferente al del mandatario actual, donde usa las ocurrencias, el humor, la polarización como estrategia para distraer a la población por seis años.
Pero el siguiente presidente tendrá que ejercer liderazgo en crisis, ante las amenazas de seguridad que representa las organizaciones criminales. La estrategia de seguridad tendrá que incluir el uso de la fuerza, exigir una fiscal general de la República que ejerza sus funciones, el fortalecimiento de la capacidad del estado de investigar, detener, enjuiciar y encarcelar a los líderes de las organizaciones criminales. El tono del nuevo mandatario será exigir, no negociar para que dejen de atacar y usar la población como rehenes para que puedan llevar a cabo sus actividades delincuenciales.
El nuevo líder deberá de buscar que los criminales tengan miedo a las autoridades y que entiendan que hay consecuencias de burlarse y amenazar las autoridades. Se tendrá claramente identificado a los funcionarios locales y federales que mantienen un acuerdo o trabajan para los cárteles. Pero lo más importante será que el nuevo presidente o presidenta dejara a un lado la polarización para unir el país para hacer un frente donde hay absoluta claridad de quiénes son los buenos y quiénes son los criminales.