Se les advirtió, Andrés Manuel López Obrador probablemente los va a traicionar. Este es un momento particularmente peligroso para los funcionarios fieles al ‘Rey de Macuspana’, ya que a menos de 10 meses de las elecciones presidenciales, la prioridad del presidente será asegurar el control de Morena en la presidencia y ambas cámaras, además de terminar, pase lo que pase, los proyectos prioritarios de la cuarta transformación.
Y con 10 meses de gobierno, cumplir con estos objetivos probablemente requerirá que los funcionarios que todavía estén al pie del cañón, habrá muchas, muchas probabilidades que se les pida, mejor dicho se les exija, violar la Constitución, legislación, algún decreto. O simple y llanamente, para demostrar su lealtad a Morena, tendrán que llevar a cabo actividades que son ilegales o no siguen los lineamientos de la austeridad republicana.
A diferencia de otros presidentes, Andrés Manuel López Obrador, en los últimos 20 años, ha enfrentado, cuestionado y simplemente violado la ley, sin sufrir consecuencias legales ni políticas de sus decisiones. De hecho, una de sus estrategias más exitosas fue abiertamente cuestionar las instituciones electorales y que administran justicia, reflejando el desencanto del electorado.
Pero hay un abismo de diferencias entre Andrés Manuel López Obrador violando la ley y uno de sus funcionarios o seguidores. Veamos qué ha sucedido con funcionarios de Enrique Peña Nieto, quienes probablemente, siguiendo las órdenes o deseos del presidente, terminarían en la cárcel, entre ellos, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y el exprocurador, Jesús Murillo Karam. El silencio de Enrique Peña Nieto es profundo y revelador.
Y no debería de sorprendernos que otros funcionarios de la administración Peña sean perseguidos en la siguiente administración, asumiendo que la leyenda del acuerdo político Peña-AMLO sea real. La siguiente mandataria no tendrá que respetar pactos de inmunidad de sus antecesores y no debería de sorprender que para distanciarse de la administración AMLO, perseguir a funcionarios de los últimos 12 años sería una prioridad.
Un ejemplo de la posibilidad de perseguir, después de una década de ejercer funciones dentro del gobierno, sucedió esta semana cuando la Fiscalía General de la República detuvo a Domitilo Barragán Álvarez, acusándolo del delito de uso indebido de atribuciones y facultades en la construcción de la Estela de Luz durante la administración del presidente Felipe Calderón. El objetivo de este monumento fue celebrar el bicentenario de la Independencia de México, pero trece años después, AMLO lo catalogó como un monumento a la corrupción en la administración de Calderón. Lo interesante del caso es que, a Domitilo, no se le acusa de actos de corrupción. ¿Será que solo siguió órdenes de un superior?
Por eso es tan admirable la decisión de renunciar de Karla Quintana Osuna, quien hasta esta semana encabezaba la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), probablemente porque López Obrador exigió que se depurara la base de datos de desaparecidos durante su administración. Durante la mañanera, el presidente cuestionaba datos que indicaban que en su administración habrían desaparecido más personas que durante la administración de Felipe Calderón. Y esto es inaceptable para el presidente y exigió que esta realidad se cambiara y Karla Quintara decidió que no sería parte de esa farsa.
Y funcionarios en todos los niveles de la actual administración tendrán que tomar decisiones difíciles: ¿Están dispuestos a proteger al presidente y su legado, aunque claramente está equivocado y miente al electorado? ¿Avalar actividades y uso de recursos que claramente violan la constitución o legislación? ¿Estar dispuestos a enfrentar titulares en la prensa y ataque a su reputación? ¿Ir a la cárcel por seguir las órdenes de un superior jerárquico que te ordena violar la ley? ¿Quién pagará a los abogados cuando en el futuro enfrentan un juicio por seguir órdenes? ¿Cómo saber que estás protegiendo la cuarta transformación o un superior jerárquico que le reporta a López Obrador? ¿El presidente sabrá del sacrificio económico y reputación por defender corrupción alrededor del presidente? ¿La familia aceptará que seas un chivo expiatorio del presidente y de los que lo rodean?
Andrés Manuel no puede garantizar que sus seguidores, que violan la ley por apoyar su cuarta transformación, no sean perseguidos y encarcelados durante las siguientes dos administraciones. Por eso es importante definir cuándo cuestionar, cuándo renunciar y cuándo denunciar. Cuándo hacer patria, a pesar de la consecuencias.