Ante las declaraciones de Rosario Piedra Ibarra exigiendo una reforma constitucional y la desaparición de Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concuerdo con la Comisionada: Sí urge una reforma a la CNDH, pero esta reforma debería de asegurar que jamás, jamás, jamás se vuelva a nombrar a un personaje tan incompetente, tan cínica, tan servil y cercana al poder.
Rosario Piedra Ibarra nunca debería haber sido nombrada comisionada, pero su historia personal nos permitía pensar que, como víctima, ella haría todo lo posible para defender a otras víctimas.
Ella jamás traicionaría el legado de su madre y los sacrificios de tantos defensores de derechos humanos en las últimas tres décadas. Y aunque obviamente en el pasado ha habido cuestionamientos de comisionados que habrían sido cercanos o diferentes al presidente, pero nada como lo que hizo Rosario: Básicamente inmovilizar, destruir por órdenes del presidente.
¿Por qué López Obrador buscará desaparecer o debilitar a la CNDH? Porque es una institución que seguramente impactará su legado histórico cuando se contabilicen los muertos, los desaparecidos, los torturados y la falta de atención a las víctimas. Y estas cifras eventualmente alcanzarán directamente a AMLO, ya sea por reclamos de un nuevo comisionado, por organismos internacionales o por gobiernos extranjeros.
¿Qué mejor forma de esconder la catástrofe de derechos humanos en México, argumentando que la hija de una legendaria defensora de derechos humanos hizo un llamado a desaparecer la CNDH por ineficaz y neoliberal?
La que debería estar preocupada por estas locuras de López Obrador es la misma Dr. Claudia Sheinbaum, ya que exigir la desaparición de los organismos autónomos, ella y todo su equipo saben que es indefensible.
Y es que con la “reforma” que propone la actual comisionada, básicamente desaparece una instancia necesaria para poder crear un importante contrapeso al papel que seguramente jugarán las fuerzas armadas, guardia nacional, y policías municipales en el siguiente sexenio ante el control territorial que ahora ejercen las organizaciones criminales, y el cual continúa incrementando. Y la siguiente presidenta de México no podrá continuar con la estrategia de “abrazos y no balazos” y dejar que continúen los criminales controlando la vida cotidiana de un porcentaje de los mexicanos. Si no hay un cambio de estrategia en los siguientes dos años, lo que sucederá será un enfrentamiento, una guerra civil.
Se va a desatar la violencia. ¿En verdad piensa el actual presidente y la futura mandataria que no llegará el momento en que habrá un levantamiento de la población buscando defender su familia y su propiedad? Apostarle a un movimiento masivo de desplazados internos es una solución temporal. Eventualmente habrá ese enfrentamiento, especialmente si estas organizaciones criminales incrementan su influencia política gracias a las elecciones.
Eventualmente el estado mexicano tendrá que asumir sus funciones de proteger la integridad física y asegurar la gobernabilidad, retomando los municipios controlados por los criminales. Y esto, desafortunadamente va a requerir enfrentamiento entre las fuerzas armadas y otras corporaciones de seguridad. Y cuando suceda esto, la CNDH, ONG nacionales e internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y gobiernos extranjeros necesitan jugar un contrapeso ante la violencia que incrementará, asegurando la protección de los derechos humanos de la población.
Ante esta propuesta de reforma, abre también la posibilidad de que de nuevo se cuestione la convicción de proteger derechos humanos en México, un compromiso que está plasmado en los acuerdos comerciales, no olvidemos que en el 2026 habrá una revisión del T-MEC.
Ambas candidatas a la presidencia deberían considerar la eventualidad de que la destrucción de la CNDH será el catalizador para que, de nuevo, funcionarios mexicanos tendrán que dedicarle recursos y esfuerzo a la deteriorada imagen del país en el exterior. La mejor opción en este momento es buscar, exigir, que no se toque a la CNDH. Una vez que tome protesta la nueva presidenta, sacar a patadas a la comisionada, preferiblemente con una investigación en curso. Además, comprometerse, ahora sí, a fortalecer el esquema de protección de derechos humanos en México, asegurando recursos y sobre todo voluntad política, haciendo este compromiso una prioridad sexenal.
Hay que defender instituciones como el INAI y la CNDH ante lo que será un sexenio catastrófico en materia de seguridad y justicia. Lo mínimo es proteger los pocos pesos y contrapesos que quedan para mitigar la tentación de cualquier gobernante de abusar de las capacidades del estado en aras de pacificar al país.