Uno de los desafortunados y negligentes legados de la Cuarta Transformación será la responsabilidad administrativa, civil y posiblemente penal que enfrentarán los secretarios de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, y el de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, en los siguientes años. Y aunque la siguiente presidenta de México quisiera proteger a los ex secretarios de las Fuerzas Armadas de las demandas y acusaciones que podrían incluir malversación de fondos, corrupción, abuso de atribuciones, negligencia criminal, entre otras acusaciones, la realidad es que la mayoría de estas investigaciones y demandas provendrán de organismos internacionales, gobiernos y empresas extranjeras. Además de las investigaciones que podrían surgir en México.
Posiblemente varias generaciones de generales, coroneles y capitanes verán impactados sus ascensos, su trayectoria profesional y hasta su vida personal por las decisiones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y podrían pasar una década antes de que el Ejército mexicano, la Marina y la Fuerza Aérea se recuperen de las acusaciones en contra del futuro liderazgo de las fuerzas armadas mexicanas.
Tal vez esta siempre fue la estrategia de Andrés Manuel López Obrador: el poder, la manzana envenenada, donde todos aquellos inocentes, cínicos o corruptos, se dejarán seducir por las delicias del poder y del dinero. En el caso de las fuerzas armadas es muy muy difícil desobedecer las órdenes del comandante supremo.
Por eso es importante subrayar el dilema que enfrentan las fuerzas armadas mexicanas: ¿Su lealtad es al comandante supremo o a la Constitución? ¿El secretario de la Defensa y de la Marina apoyarán las instituciones que aseguran pesos y contrapesos, transparencia y el estado de derecho? ¿Quién asumirá la responsabilidad política, administrativa y penal ante las demandas por las fallas del Tren Maya, por la falta de pago y siniestros en Tres Bocas, Tren Maya y el AIFA? Ante las acusaciones de corrupción, que seguramente surgirán en el siguiente año, ¿serán los generales y coroneles que asumirán las consecuencias penales? ¿O serán los contratistas protegidos por el saliente gobierno de Andrés Manuel López Obrador los que enfrentarán el paredón, perdón, las investigaciones penales?
Veamos la demanda en contra de Mexicana de Aviación en un tribunal de Nueva York como ejemplo de las acusaciones y demandas que enfrentarán el secretario de la Defensa: Aunque se redujo la demanda de 838 millones de dólares a unos 10 millones, el precedente es catastrófico para Sedena, ya que tendrán que transparentar los contratos y posiblemente tendría que testificar el secretario de la Defensa por ser, en papel, el “CEO” o encargado legal de Mexicana. Además, tendrá el gobierno que transparentar los contratos y aclarar cómo se hicieron decisiones relacionadas al cuestionado relanzamiento de Mexicana. Por esta, y muchas otras razones, las fuerzas armadas deberían de asumir solamente responsabilidades de defender la nación en contra de las amenazas de seguridad nacional.
Lo que menos necesita México son secretarios con acusaciones administrativas o penales en México y fuera del país.
Y aunque habrá un nuevo secretario de la Defensa y de la Marina a partir de octubre del 2024, las responsabilidades administrativas y penales serán vigentes. Es muy fácil perseguir a los que ya no ejercen el poder. ¿Pueden asumir los secretarios salientes que tendrán el apoyo político para enfrentar demandas hacia el futuro?
Además de las demandas que seguramente surgirán por el mal funcionamiento del Tren Maya, o accidentes que pudieran surgir por negligencia en el AIFA, o por algún accidente en un vuelo de Mexicana de Aviación, o falta de pago por el Tren Transístmico, o un accidente industrial en Dos Bocas, la responsabilidad recaerá en Sedena o en la Marina.
Y esto fue la trampa tendida por la presidencia: De ser un éxito, esto sería un reconocimiento más para el legado de López Obrador. Si estos proyectos fracasan, sería un tache para las fuerzas armadas y tendrán que asumir su responsabilidad histórica.
De hecho, si fuera el secretario de la Defensa y de la Marina, dejaría de tomar llamadas de la presidencia, aseguraría tener copias de toda la correspondencia y órdenes del ejecutivo y aseguraría tener un batallón de abogados preparados para litigar y defender a los secretarios, subsecretarios y todos los generales y coroneles que han participado en la construcción y operación del Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, el Tren Transístmico, la estrategia migratoria, aduanas, y cualquier otra actividad que no corresponde directamente a las funciones tradicionales de las fuerzas armadas.