El nivel de violencia que vivirá México en la siguiente década, en parte dependerá de las posiciones y el tono que asuman las candidatas en estas siguientes semanas antes de las elecciones. Líderes criminales, candidatos y candidatos en los municipios más violentos, gobernadores y operadores políticos vinculados al crimen organizado, todos ellos, seguramente siguen muy de cerca las posiciones de las candidatas y las encuestas presidenciales.
Son estos ciudadanos o “electores” los que más pierden si la siguiente presidenta decide cambiar radicalmente la estrategia de “abrazos y no balazos” promocionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aunque hay diferentes versiones y definiciones de esta estrategia, para los criminales y violentos esta estrategia se ha traducido en el sexenio más violento en la historia del país: récord histórico en homicidios, feminicidios, desaparecidos, más control territorial por parte de las organizaciones criminales, municipios rehenes de grupos armados, asaltos en la mayoría de las carreteras del país, y una guerra frontal entre organizaciones criminales. Otra característica de la estrategia de “abrazos y no balazos” parecería ser la incapacidad o la decisión de las fuerzas de seguridad y la decisión de no reconocer la gravedad de la violencia que se vive en México y culpar a las decisiones que hizo hace 12 años Felipe Calderón y el gobierno de México.
Básicamente la estrategia de los últimos seis años se ha traducido en un país que, por lo menos en datos duros, parecería vivir un conflicto armado o una guerra civil. Pero en este caos e impunidad, obviamente individuos y organizaciones se han beneficiado, han iniciado, invertido o expandido su negocio.
Esta es la única explicación de la extraordinaria cantidad de precandidatos y candidatos asesinados y amenazados. Y la poca capacidad o voluntad de investigar y detener a los autores de estos asesinatos y amenazas envía también una señal contundente de lo que se va a permitir durante el siguiente sexenio: un porcentaje importante del país será gobernado por presidentes municipales que están ligados o amenazados por grupos criminales. Y sin importar quién sea la siguiente presidenta, esta realidad será el reto más importante que enfrentará Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez. Y esta realidad definirá la calidad de vida y desarrollo que pueda aspirar México en los siguientes años.
Por eso, estos grupos criminales seguramente siguen y escuchan las propuestas y el tono de las candidatas y su disposición de cambiar el “estatus quo”. Y desafortunadamente para Sheinbaum o Gálvez, el “estatus quo” probablemente no aguanta seis años más. Forzosamente habrá la necesidad de buscar cómo reducir la capacidad bélica y violenta de estas organizaciones criminales.
La pregunta para ambas candidatas es ¿cómo? ¿cómo enfrentar estas organizaciones, células criminales, gobernantes vinculados a los violentos, sin detonar aún más violencia?
En el caso de la candidata oficialista, no se puede descartar el tono y el mensaje que continúa fluyendo de Palacio Nacional con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sigue marcando pautas para la candidata Sheinbaum. Y obviamente está el cuestionamiento si ella continuará con la deferencia pública a ciertos grupos criminales y la falta de compasión a las víctimas. ¿Ella continuará visitando Badiraguato, reuniéndose con las madres o abuelas de los capos? ¿Aplaudirá a las Madres de la Plaza de Mayo, rechazando a las “Madres Buscadoras” en México? ¿No reconocerá los datos duros que señalan el fracaso de la estrategia de ‘abrazos y no balazos’? ¿Qué pasos tomará ante el incremento de violencia que seguramente vivirá el país en el 2025 ante la restructuración de las organizaciones que surge después de los procesos electorales? ¿Seguirá culpando a Calderón?
Tampoco debe de escapar del escrutinio la candidata Gálvez, que públicamente rechaza los ‘abrazos y no balazos’, pero tampoco ha sido clara en sus propuestas en materia de seguridad.
Por lo menos, las candidatas deberían de comprometerse a empezar a retomar control de un porcentaje del territorio, exigir que el aparato de seguridad y justicia a nivel federal y local empiecen a perseguir las organizaciones que más lastiman a la población, asegurar el libre tránsito por las carreteras, investigar y exigir juicios políticos a presidentes municipales y gobernadores que protegen organizaciones criminales y escuchar y tener más compasión por las víctimas.
Y, sobre todo, es muy importante el tono que tendrá la siguiente mandataria en el siguiente sexenio: La prioridad de la presidenta de México será proteger a las y los mexicanos y dejará de apapachar criminales.