Se equivocan Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores si creen que someter a los jueces, magistrados y ministros fortalecería su control, poder, y reduciría la corrupción judicial.
De aprobarse el Plan C del Presidente resultará todo lo contrario: más corrupción, más amenazas y asesinatos de jueces, y menos impartición de justicia. Y aunque constitucionalmente la rama judicial es independiente, esta separación de poderes desaparecerá. Y en menos de un sexenio, ante el desorden y la falta de estado de derecho, propiciado por la aprobación del Plan C, será la misma presidenta Claudia Sheinbaum la que buscará una contrarreforma.
El mismo presidente López Obrador admitió, en la mañanera, sobre sus reuniones o consultas con el entonces ministro presidente Arturo Zaldívar. Pero ante la propuesta del Plan C, la estructura que permitía una rama judicial funcional, aunque con defectos, desaparecerá. Cada juez, cada magistrado y cada ministro responderá a un partido, a un empresario, y al crimen organizado en lugar de responder a la constitución y las leyes que rigen este país.
Como lo plasmé en la última entrega, una de las lecciones aprendidas de las elecciones del 2024 es la extrema violencia que ejercieron los grupos criminales en contra de candidatos y candidatas, sus familiares y asesores. También sugerí que el Instituto Nacional Electoral debería de reconocer el impacto que tuvo esta violencia y cómo se debilita la gobernabilidad y el respeto a las instituciones.
Estos son los héroes caídos de la democracia, que el gobierno, los partidos y las instituciones electorales no han querido reconocer porque sería admitir que un porcentaje del país no lo controlan las autoridades.
Y no hay indicios de que esta situación cambiará dramáticamente en el siguiente sexenio. Si el estado mexicano no pudo proteger a los valientes candidatos y sus familiares, a pesar de las décadas de fortalecimiento de las autoridades electorales, ¿alguien verdaderamente cree que podrán proteger a los jueces, ministros y magistrados candidatos y candidatas?
Los estarán enviando al matadero, o simple y llanamente los futuros juristas serán empleados de intereses que responden a la constitución. Adicionalmente, esta propuesta del Plan C también busca debilitar al INE, reduciendo presupuestos y eliminando las autoridades locales. ¿Y en este caos, ahora hay la expectativa de que se organicen elecciones de jueces? ¿Además, alguien ha considerado el impacto que tendrían en todas las carpetas, amparos, juicios actuales? Esta es una reforma para asegurar el caos completo para el sexenio entrante.
Pero sospecho que la depreciación del peso no tiene que ver necesariamente con este escenario catastrófico, sino otros aspectos del Plan C, que es de interés de los inversionistas y los mercados. Y parecería que el debate sobre la reforma de elegir jueces, y la encuesta, es una estrategia para desviar la atención de las otras reformas y desaparición de los organismos autónomos: La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pasaría a la Secretaría de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasaría a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) pasa al Inegi, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pasa a la Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de Energía (CRE) pasa a la Secretaría de Energía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pasa a la Secretaría de la Función Pública, entre otras reformas a instituciones, cuya independencia es fundamental para el funcionamiento de una democracia.
Y un análisis profundo, gracias al parlamento abierto y los debates que propone la doctora Claudia Sheinbaum, pondría un foco en las otras reformas, ya que habrá más claridad de cuáles de estas reformas violan el T-MEC u otros acuerdos comerciales, que en parte dependen del compromiso de México de continuar promoviendo valores democráticos, pero al mismo tiempo, asegurando equidad y transparencia para inversionistas.
Proponer un parlamento abierto para debatir estas reformas públicamente es de las decisiones democráticas y un importante ejercicio en transparencia por parte de la presidenta electa. Pero las consecuencias serán balconear las decisiones del presidente López Obrador. Defender las reformas como un acto de congruencia política y en defensa de la democracia, además de reducir la corrupción, será difícil para la científica y dra. Sheinbaum, y marcará el inicio de lo que será un difícil sexenio por delante.